En un dictamen que podría marcar un precedente histórico, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia de Formosa. El análisis surge tras un amparo presentado por la oposición contra el octavo mandato consecutivo del gobernador Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, quien ha sido reelecto sucesivamente desde 1999. Con este dictamen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene ahora la última palabra para definir el futuro político de la provincia.
Casal fundamentó su dictamen en que el artículo 132 de la Constitución de Formosa, que permite la reelección indefinida, viola los principios republicanos establecidos en la Constitución Nacional. Según el Procurador, esta práctica «erosiona el principio de separación de poderes» y contraviene la periodicidad y renovación de las autoridades, pilares fundamentales del sistema republicano.
El Procurador también citó fallos previos de la Corte Suprema que limitaron reelecciones en otras provincias, como Santiago del Estero en 2013 y San Juan en 2022. Asimismo, recurrió a la jurisprudencia internacional, destacando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en 2021 que la reelección presidencial indefinida es incompatible con los principios democráticos y representativos.
Un sistema que desafía la democracia
En su dictamen, Casal citó a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres fundadores del constitucionalismo argentino, quien advertía que “admitir la reelección indefinida es cambiar la forma de gobierno; es una revolución sin ruido”. Para Casal, la perpetuación en el poder conspira contra la finalidad del Estado de Derecho y pone en riesgo la naturaleza republicana del sistema político.
El artículo 5 de la Constitución Nacional exige que las provincias adopten un sistema representativo y republicano, lo que implica garantizar la renovación periódica de las autoridades. Según Casal, el marco constitucional formoseño, al habilitar múltiples reelecciones, se aparta de este principio y contradice las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso que impulsó el debate
El dictamen de Casal responde a un amparo presentado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que objetó la legitimidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa. Este artículo, reformado en 2003, permite la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador. Insfrán, quien ocupa el cargo desde 1995, fue reelecto por octava vez consecutiva en 2023. La oposición argumentó que esta disposición viola los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional.
En su defensa, el gobierno de Formosa sostuvo que la autonomía provincial le permite definir su sistema de gobierno y que la Corte Suprema carece de competencia en este asunto. Además, mencionaron que la Legislatura provincial aprobó este año una ley para reformar la Constitución, lo que incluiría una posible revisión del artículo 132.
Sin embargo, Casal rechazó estos argumentos, afirmando que el caso no es abstracto porque el artículo cuestionado sigue vigente y que la reforma constitucional es apenas un proyecto incipiente y no garantiza un cambio efectivo en la normativa.
Las implicancias del fallo
El dictamen del Procurador General no es vinculante, pero sienta una base sólida para que la Corte Suprema resuelva el caso. De declarar inconstitucional la reelección indefinida, este fallo podría impactar no solo en Formosa, sino también en otras provincias que contemplan disposiciones similares.
Además, el caso reaviva el debate sobre los límites del poder y la renovación democrática en Argentina. Insfrán, uno de los gobernadores más perpetuados del país, se ha convertido en un símbolo de las críticas hacia los sistemas políticos que favorecen la perpetuación en el poder.
