La CGT vuelve al centro de la polémica con un reclamo que apunta a evitar el colapso financiero de las obras sociales sindicales. Pero, lejos de plantear soluciones estructurales, su postura parece orientada a buscar rédito político en un contexto de crisis. El Gobierno nacional todavía no se ha pronunciado al respecto.
Este reclamo expone un sistema históricamente utilizado como caja de financiamiento de los gremios, que ha priorizado intereses sectoriales por encima del bienestar de los ciudadanos a quienes debía garantizar un servicio de salud digno.
Una crisis anunciada, pero previsible
El desfinanciamiento de las obras sociales no es un fenómeno nuevo. Estas instituciones, que prestan servicios de salud a más de 15 millones de personas en el país, enfrentan un déficit crónico que la dirigencia gremial ha sabido aprovechar para negociar beneficios políticos.
Según datos oficiales, las obras sociales cubren al 33,6% de la población argentina, incluyendo trabajadores en actividad, monotributistas, desempleados y empleados domésticos. Sin embargo, los aportes de estos sectores, especialmente los no registrados, son insuficientes para cubrir el costo real del Programa Médico Obligatorio (PMO), que asciende a 45.000 pesos mensuales por beneficiario.
A pesar de esto, los gremios nunca impulsaron reformas estructurales para modernizar el sistema o garantizar su sostenibilidad. En cambio, se limitaron a presionar a los gobiernos de turno para obtener subsidios, sin rendir cuentas claras sobre el destino de esos fondos.
La doble vara de la CGT
El argumento central de la CGT se centra en la insuficiencia de los aportes de ciertos sectores, como monotributistas y empleados domésticos, que contribuyen con cifras muy por debajo del costo del PMO. Sin embargo, este reclamo ignora la gestión deficiente y la falta de transparencia que ha caracterizado históricamente al sistema.
Un dirigente cegetista advirtió que «la caída de los salarios reales frente al aumento desmesurado de los costos de las prestaciones médicas» agrava la situación. Pero este discurso omite que las obras sociales, lejos de ser un modelo de eficiencia, han estado marcadas por irregularidades y manejos políticos que desvirtuaron su propósito original.
Propuestas tardías y medidas insuficientes
En agosto, la CGT presentó un informe al Gobierno con propuestas que, aunque en apariencia buscan aliviar la crisis, resultan insuficientes y tardías. Entre estas medidas se incluyen reemplazar el PMO por una Canasta de Servicios de Emergencia (CSE), aumentar los aportes de ciertos sectores y redistribuir los gastos en discapacidad hacia otros ministerios. También plantearon la creación de un fondo para cubrir medicamentos de alto costo y controlar los incrementos indiscriminados en los precios de fármacos.
Sin embargo, estas iniciativas no abordan el problema de fondo: un sistema que ha sido utilizado como herramienta de poder político, dejando de lado a los ciudadanos que dependen de él para acceder a servicios de salud básicos. Durante décadas, las obras sociales fueron gestionadas de manera opaca, con una estructura burocrática que favoreció a los dirigentes sindicales y no a los beneficiarios.
Un sistema sin credibilidad
La proximidad de la CGT con el kirchnerismo y su rol como actor clave en su base de apoyo político también contribuyeron a minar la confianza pública en las obras sociales. Lejos de ser un garante de derechos, el sistema se convirtió en un mecanismo de negociación para mantener privilegios y sostener estructuras gremiales. Esto explica por qué gran parte de la población percibe a las obras sociales como instituciones ineficientes y alejadas de las necesidades reales de los trabajadores.
En lugar de responsabilizarse por el estado actual del sistema, la CGT apunta al Gobierno de Javier Milei, exigiendo soluciones inmediatas. Sin embargo, estas demandas carecen de legitimidad cuando provienen de una organización que históricamente se benefició del desmanejo de los fondos y de un sistema diseñado para perpetuar su poder.
