Durante su discurso tras su primer año de gobierno, el presidente Javier Milei adelantó que buscaría reformar a la Policía Federal para convertirla en una unidad de investigación criminal, similar al FBI en Estados Unidos. Uno de los planes para fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad sería redistribuir la cantidad de efectivos y desplegar a más efectivos en el Interior del país.
Según adelantó TN, el presidente reestructuraría el cuerpo de seguridad mediante un decreto en enero, que estaría acompañado por un anuncio por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El decreto del presidente introduciría cambios a la Ley Orgánica de la Policía Federal, la ley 21.965.
Con las modificaciones, la Policía Federal se convertiría además en una fuerza de investigación y se encargaría de las custodias y de la seguridad de bienes estatales. El modelo que analiza seguir el Poder Ejecutivo es el de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). «Nuestra idea es progresivamente convertir a la PFA en una agencia de investigación criminal, sin policías en el territorio, que se encargue de desactivar los niveles de criminalidad», señalaron a TN.
Entre cambios que plantea el Gobierno Nacional se incluye un incremento del 10% del total de efectivos en las fuerzas de seguridad en el Interior. Actualmente, aproximadamente el 70% de las fuerzas de la PFA se encuentran desplegadas en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 30% restante se encuentra dispersa entre el resto de las provincias. Con el esquema que plantearía el presidente, en 2025 la distribución pasaría a ser 60%/40%; y en 2026, 50/50%
Además, se planea la creación de nuevos departamentos dentro de la PFA, entre ellos logística, investigación y narcotráfico, y capacitar a las fuerzas actuales para que integren estas áreas, para así no expandir la dotación de uniformados. Uno de los departamentos trabajaría bajo lo establecido por la Ley Antimafias, impulsada por Bullrich.
El Gobierno también buscará ampliar el rango de acción de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles combatir contra «organizaciones terroristas y bandas de narcotráfico dentro del país». El Ejecutivo apunta a que el ejercito pueda participar en la defensa ante «amenazas extranjeras no estatales», entre ellas grupos como Hamas o Hezbollah. Este decreto estaría elaborado en colaboración entre los ministerio de Defensa y Seguridad.
