El primer año de gestión de Javier Milei marcó un hito en la administración de las empresas públicas, al lograr reducir el déficit operativo de estas compañías prácticamente a la mitad. Entre enero y septiembre de este año, el saldo negativo acumulado alcanzó los 2235 millones de dólares, una notable baja frente a los 4551 millones registrados en el mismo período de 2023. Este ajuste, que evidencia el enfoque austero del gobierno, estuvo acompañado por una reducción de 11.081 puestos de trabajo en las empresas estatales.
La estrategia para reducir el déficit tuvo como ejes principales el incremento en las tarifas de los servicios públicos y la disminución de los subsidios provenientes del Tesoro Nacional. Según los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, estas medidas permitieron contener los gastos operativos, aunque con significativos ajustes en el plantel de trabajadores. En términos comparativos, durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández, el déficit operativo acumulado de las empresas públicas fue cercano a los 18.000 millones de dólares.
El déficit operativo, que refleja la diferencia entre los ingresos generados por estas empresas y sus gastos de operación, sigue siendo cubierto en gran medida por transferencias del Estado. No obstante, el recorte de subsidios y la reestructuración de varias compañías estatales han reducido esta dependencia, marcando una nueva etapa en la relación entre el Estado y sus empresas.
Enarsa y los ferrocarriles: los mayores desafíos
El mayor déficit lo registra Enarsa, la empresa encargada de importar energía y venderla al mercado interno a precios subsidiados. Entre enero y septiembre, su saldo negativo fue de 1136 millones de dólares, y recibió transferencias del Tesoro por 1742 millones de dólares. Le sigue la operadora ferroviaria OFSE, cuyo déficit operativo fue de 575 millones de dólares, una mejora respecto a los 909 millones registrados en 2023, gracias al aumento de tarifas y una reducción en los subsidios.
Un caso particular es el de DECAHF, una empresa ferroviaria que llegó a emplear a 1400 personas y fue cerrada recientemente. La compañía enfrentó críticas por su ineficiencia, especialmente tras un accidente ferroviario en mayo, donde se evidenció que los maquinistas no estaban debidamente capacitados para operar los sistemas de frenos.
Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas también logró reducir su déficit, pasando de 513 millones de dólares en 2023 a 319 millones este año. Esto se logró mediante un plan de retiros voluntarios que redujo su plantilla en 1341 puestos, dejando actualmente a 10.602 empleados. Aunque la compañía proyecta cerrar el año con pérdidas inferiores a 100 millones de dólares, las cifras oficiales de Hacienda aún muestran un saldo más elevado debido a diferencias metodológicas en los cálculos.
Privatizaciones en el horizonte
Un caso destacable es el de Aguas Argentinas, que redujo su déficit operativo de 325 millones de dólares en 2023 a solo 17 millones este año. Esta mejora, junto con una reducción en su plantilla de 1257 empleados, la posiciona como una de las empresas con mayor potencial para una privatización parcial o total bajo la administración Milei.
Empresas con saldo positivo
No todas las empresas públicas operan con pérdidas. Algunas lograron resultados positivos, como NASA, que administra las centrales nucleares y obtuvo un superávit de 221 millones de dólares. También destacan Ar-Sat (23 millones), Intercargo (10,7 millones), y otras más pequeñas como VENG y EANA, que operan en sectores estratégicos como la tecnología espacial y la navegación aérea.
Un balance con luces y sombras
El ajuste en las empresas públicas durante el primer año de Milei refleja un cambio de paradigma en la administración estatal. Si bien los avances en la reducción del déficit son evidentes, los desafíos persisten, especialmente en áreas como los ferrocarriles y la energía, que aún dependen de subsidios significativos. Mientras tanto, el gobierno parece decidido a continuar con esta línea de austeridad, buscando no solo equilibrar las finanzas públicas, sino también sentar las bases para un modelo más sostenible y eficiente en el manejo de los recursos estatales.
