A un año de su asunción, el gobierno de Javier Milei enfrenta desafíos significativos para implementar una de sus promesas de campaña más ambiciosas: la eliminación de los Registros del Automotor y su reemplazo por una ventanilla digital única nacional. A pesar del avance en otras áreas de desregulación, este proyecto enfrenta barreras estructurales, tecnológicas y políticas que han retrasado su implementación, aunque sigue siendo una prioridad en la agenda gubernamental.
El núcleo del proyecto consiste en transformar el sistema actual en uno completamente digital, eliminando las dependencias físicas de los Registros del Automotor. Esto permitiría que los usuarios puedan realizar trámites como el alta de vehículos nuevos y la transferencia de usados de manera completamente remota. Sin embargo, para que esto sea posible, es esencial contar con dos pilares: una base de datos digital completa de los expedientes vehiculares y una plataforma tecnológica capaz de gestionar todas las operaciones registrales.
“Hay plataformas ya desarrolladas que se podrían adquirir para implementar el sistema digital en poco tiempo, pero el problema radica en la digitalización de los expedientes”, señalaron fuentes del sector. Actualmente, al menos el 30% de los registros vehiculares todavía se encuentran en formato físico, un obstáculo que dificulta el avance hacia una ventanilla digital universal. Desde 2017, el uso del formulario 08 digital ha permitido avances parciales, pero no suficientes para establecer una base completamente operativa.
Un sistema viciado e ineficiente
El sistema registral de automotores, vigente por más de 35 años, ha sido señalado como una de las áreas más opacas y cargadas de irregularidades del aparato estatal. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la estructura actual es “una de las principales cajas de la política desde el retorno de la democracia”. El problema radica en la dependencia del Ministerio de Justicia hacia la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), un ente cooperador que ha centralizado funciones críticas del sistema registral, desde la contratación de empleados hasta la adquisición de insumos básicos como chapas patentes y cédulas de identificación.
El convenio entre el Ministerio de Justicia y Acara, firmado en 1987, permitió que esta última se convirtiera en un actor clave del sistema, gestionando recursos que deberían haber sido administrados por el Estado. Según Sturzenegger, los ingresos recaudados a través de los registros automotores se desviaron hacia Acara, que luego contrataba empleados públicos. Este modelo ha perpetuado un esquema de dependencia y falta de transparencia que el gobierno de Milei busca desarticular.
Obstáculos en el camino
A pesar de las críticas, terminar con la relación entre el Ministerio de Justicia y Acara no será sencillo. Aunque el convenio es rescindible sin penalidades, como destacó la diputada Patricia Vásquez, el nivel de integración de Acara en el sistema estatal complica la desvinculación. Actualmente, esta asociación incluso gestiona licitaciones para la compra de chapas patentes y otros insumos esenciales, lo que ha generado retrasos significativos en la entrega de elementos registrales a los usuarios.
Además, cualquier avance hacia la eliminación de los registros físicos debe ir acompañado de una transición ordenada. Algunos especialistas sugieren comenzar con la digitalización total de los trámites para vehículos nuevos, antes de abordar los procesos más complejos relacionados con los automotores usados. Sin embargo, la falta de datos digitalizados y los intereses creados en torno al sistema actual complican este enfoque.
