En medio de una creciente crisis social y económica, un reciente informe revela la crucial labor de los comedores populares en Argentina que actualmente asisten a más de 72.000 personas, principalmente niños y adolescentes, en 17 provincias del país.
Según el Observatorio de Economía Popular de la UBA y la UTEP, el panorama se ha agravado significativamente desde que el gobierno de Javier Milei implementó un recorte abrupto en los programas de asistencia alimentaria. Esta decisión, sumada a una agresiva campaña de estigmatización contra las organizaciones sociales, ha dejado a los espacios comunitarios dependiendo casi exclusivamente de donaciones privadas y actividades productivas locales para su supervivencia.
Las cifras son alarmantes: la pobreza alcanza al 53% de la población y la indigencia al 18%. En este contexto, más de 6.200 trabajadores, mayoritariamente mujeres (79,6%), sostienen estos espacios vitales para la comunidad. El estudio abarcó 766 comedores, merenderos y ollas populares, donde predominan los merenderos con un 58,9% del total.
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Este 24 de diciembre, más de 4.500 personas participaron en la tradicional Navidad Solidaria frente al Congreso, un evento que contó con 1.300 voluntarios del MTE y otras organizaciones sociales.
Estos espacios no se limitan a la asistencia alimentaria. El 30% ofrece apoyo escolar, mientras que un 15% brinda actividades deportivas y de cuidado. También funcionan como postas de salud y consejerías de género, constituyendo verdaderos centros de contención social en los barrios más vulnerables.
Los comedores en la Argentina se sostienen gracias a las donaciones privadas
El financiamiento actual proviene principalmente de donaciones privadas (39,2%) y actividades comerciales propias (34,1%), mientras que los aportes provinciales y municipales representan apenas el 13% cada uno. Esta situación se agravó tras el recorte de programas clave como el «Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre» y el «Plan Nacional de Seguridad Alimentaria».
Mientras tanto, el gobierno anuncia la creación de un nuevo «Índice de Capital Humano» para medir la pobreza, que promete ir más allá de los indicadores tradicionales del INDEC. Sin embargo, la realidad en los barrios populares muestra que la inversión pública en infraestructura básica y servicios esenciales ha sufrido un marcado deterioro durante 2024, profundizando aún más la crisis social.
