El Gobierno nacional anunció la ampliación del listado de medicamentos de venta libre, una medida que impacta directamente en los sectores más vulnerables. A partir de ahora, los mucolíticos con acetilcisteína de hasta 400 mg, utilizados para tratar problemas respiratorios, pierden el descuento del 40% que otorgaban obras sociales y prepagas. Esto significa que productos como Acemuk, Qura Muk, Toflux y Tempotane deberán ser pagados en su totalidad por los pacientes.
La medida, oficializada por la ANMAT a través de la disposición 10823/2024, justifica el cambio en la condición de expendio por considerar que estos medicamentos pueden ser usados sin supervisión médica en mayores de 14 años. Sin embargo, los precios actuales, que oscilan entre los 10.000 y 20.000 pesos por caja, suponen un golpe fuerte al bolsillo de quienes antes podían acceder a estos tratamientos con descuento, especialmente en contextos de enfermedades estacionales como gripes y catarros.
Desde el ámbito sanitario, la desregulación de medicamentos ha sido fuertemente cuestionada. Los colegios de farmacéuticos y diversos profesionales de la salud advierten que estas decisiones fomentan la automedicación y aumentan la desigualdad en el acceso a tratamientos esenciales. «Estamos viendo una vuelta a políticas mercantilistas que priorizan las ganancias sobre la salud de la población», denunció Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar).
Este no es el único caso. Desde marzo, el Gobierno inició un proceso de ampliación del listado de medicamentos de venta libre que ya ha afectado a productos como protectores gástricos, cremas antialérgicas y analgésicos. En noviembre, incluso se habilitó la exhibición de estos productos en góndolas, un cambio que fue comparado con las polémicas desregulaciones impulsadas durante la década de 1990.
Los jubilados son los más golpeados por el Gobierno nacional con esta medida
El impacto se siente especialmente en los adultos mayores, quienes representan uno de los sectores más afectados por la inflación de los medicamentos. Según un informe del CEPA y el CEPPEMA, los precios de los fármacos más utilizados por jubilados y pensionados aumentaron un 202% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, agravando la situación de quienes dependen de tratamientos crónicos.
La pérdida de los descuentos también tiene un fuerte componente social. Antes, los sectores de menores recursos podían acceder a estos medicamentos a través de obras sociales y prepagas. Ahora, al no requerir receta, los descuentos desaparecen, dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad económica frente a enfermedades comunes.
Mientras el Gobierno defiende estas medidas como parte de un esquema de desregulación, las críticas no cesan. «El Estado está abandonando su rol de garante del acceso igualitario a la salud. Las políticas de mercado no pueden ser la solución cuando hay vidas en juego», concluyó Sajem, en un llamado de atención que pone en el centro del debate las consecuencias sociales de estas decisiones.
