Connect with us

Hola, qué estás buscando?

POLÍTICA

«Tienen 20 días para ofrecer pruebas»: el Gobierno nacional denunció a prepagas por aumentos injustificados

«Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE y la confederación Unión Argentina de Salud (UAS)», expresó Adorni.

Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves la imputación de prepagas por presunta cartelización en los aumentos de cuotas aplicados durante diciembre de 2023 y abril de 2024. La medida, impulsada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), también incluye al empresario Claudio Belocopitt, quien en ese momento era presidente de Swiss Medical y de la Unión Argentina de Salud (UAS).

«La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas», anunció Manuel Adorni, portavoz del gobierno, durante una conferencia de prensa.

Adorni nombró a las prepagas involucradas

«Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la confederación Unión Argentina de Salud (UAS), y Claudio Belocopitt, que en ese entonces ejercía el doble rol de presidente de Swiss Medical y de la UAS», precisó el ministro de Comunicación y Medios.

La imputación surge tras detectarse que los aumentos aplicados en las fechas mencionadas superaron los índices inflacionarios registrados, lo que generó sospechas de posibles prácticas anticompetitivas. Según la CNDC, estas conductas podrían haber perjudicado a miles de usuarios del sistema de salud privado en un contexto de alta sensibilidad económica.

El dirigente político de 44 años también resaltó que la imputación no implica un fallo definitivo y que las empresas tienen la posibilidad de presentar pruebas en su defensa.

La medida marca un punto de tensión entre el gobierno y uno de los sectores más influyentes del país. Mientras tanto, el caso será clave para evaluar el compromiso oficial con la defensa de la competencia y el control de prácticas abusivas en un mercado que afecta directamente a millones de argentinos.