El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha impuesto una multa de diez millones de dólares a TikTok por su «negligencia» en no evitar los peligrosos «retos virales» que han causado muertes y lesiones entre adolescentes. Tania D’Amelio, vicepresidenta del TSJ, leyó la sentencia y argumentó que estos desafíos han afectado especialmente a los menores de edad, quienes están en pleno proceso de desarrollo cognitivo.
La sentencia también mencionó que la plataforma no implementó las herramientas necesarias para prevenir estos incidentes, lo que fue considerado una negligencia grave. Con la multa, el Estado venezolano creará el Fondo de Víctimas TikTok, que buscará ayudar a las víctimas de estos retos peligrosos, principalmente a los jóvenes afectados.
La sanción a TikTok y el régimen de Maduro
A medida que se acerca el 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro debe entregar la presidencia a Edmundo González Urrutia quien ha sido proclamado por la oposición como ganador el pasado mes de julio, esta multa a TikTok ha generado debate. Algunos sectores sostienen que la sanción no solo responde a un intento de proteger a los usuarios, sino que también forma parte de un plan del régimen para controlar las redes sociales. A través de esta acción, se podría estar buscando un mayor aislamiento informativo, similar a lo sucedido con Twitter en el pasado.
La crítica se centra en que la Multa a TikTok podría ser una excusa para silenciar a la oposición, limitando el acceso de la población a información independiente. En este contexto, las redes sociales se han convertido en una de las pocas herramientas de comunicación que no están completamente controladas por el gobierno venezolano. En este sentido, la sanción a TikTok podría ser vista como un paso más hacia el cierre de plataformas que no estén alineadas con el régimen.
Implicaciones para los usuarios de TikTok y las redes
La Multa a TikTok también ha puesto en evidencia la creciente intervención del gobierno en plataformas digitales. Según sectores opositores, esta medida busca desconectar a los venezolanos de canales de comunicación alternativos, utilizando los «retos peligrosos» como justificación para el control absoluto de la información en línea. En paralelo, se ha criticado que la creación de un Fondo de Víctimas TikTok no soluciona el problema real, que es la falta de libertad de expresión y el control de la información en el país.
Por otro lado, las plataformas tecnológicas se ven cada vez más bajo la presión de los gobiernos para asegurar la seguridad de los usuarios, especialmente los más jóvenes. Sin embargo, algunos cuestionan si la medida realmente contribuirá a solucionar los problemas relacionados con los retos virales, o si es solo una maniobra política para reforzar el control social en Venezuela.
