El gobierno de Javier Milei redobló su apuesta por la transparencia en la gestión universitaria con la publicación de tres decretos este viernes, complementados por un próximo DNU, que reforman las reglas para las compras y contrataciones de las universidades públicas.
Estas medidas, que afectan a las 62 casas de altos estudios del país, incluyen la obligatoriedad de utilizar sistemas electrónicos como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF.
Un golpe a los convenios sin control
Entre las principales modificaciones se encuentra la prohibición de realizar convenios y acuerdos directos, una práctica que, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), generó más de 2.400 contratos con irregularidades multimillonarias en universidades como la UBA. La medida también limita los convenios interadministrativos con entes públicos o cooperativas, que históricamente escapaban al control del Estado.
“El objetivo es garantizar un manejo más transparente de los fondos públicos sin avanzar sobre la autonomía universitaria reconocida por la Constitución”, aseguró Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, en una rueda de prensa.
Plataformas electrónicas para fiscalizar
Con los nuevos decretos, toda facturación de bienes y servicios deberá realizarse exclusivamente mediante plataformas digitales que dependen del Ejecutivo. Este cambio busca evitar la discrecionalidad en el manejo presupuestario y garantizar la trazabilidad de las transacciones.
En el caso de incumplimientos, el gobierno de Javier Milei podría restringir las transferencias de fondos públicos, una medida que ya genera preocupación entre las universidades, especialmente en la UBA, que concentra una parte significativa del presupuesto nacional destinado a educación superior.
Transparencia como política de Estado
El viceministro Fariña enmarcó estas reformas en la “política de transparencia” de la gestión de Milei, que incluye también la disolución de 15 fondos fiduciarios y la eliminación de privilegios en empresas públicas como YPF y Aerolíneas Argentinas. Según explicó, muchos de estos fondos destinaban hasta el 80% de sus recursos a salarios, desviando el objetivo para el que fueron creados.
Sin fecha límite, pero con firmeza
Aunque no se establecieron plazos concretos para implementar las reformas, el Gobierno dejó abierta una instancia de diálogo con las universidades. “Queremos construir un consenso para garantizar que estas medidas se adopten de forma ordenada y efectiva”, indicaron fuentes oficiales.
Autonomía versus control
Los cambios no están exentos de polémica. Si bien desde el Ejecutivo aseguran que no afectarán la autonomía universitaria, algunos sectores académicos temen que estas reformas limiten la capacidad de autogestión de las universidades. La discusión promete escalar en los próximos meses, especialmente con la UBA en el centro del debate.
Mientras tanto, el gobierno de Milei avanza en su agenda de reformas, poniendo énfasis en la transparencia y el control del gasto público, una bandera que promete seguir marcando su gestión.
