El cabo primero Nahuel Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, continúa detenido por el régimen de Nicolás Maduro desde el 8 de diciembre. El dictador venezolano, a través de su fiscal general Tarek William Saab, lo acusa de “terrorismo” y de tramar un supuesto “plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”. Según sus familiares, Gallo había viajado a Caracas para pasar las Fiestas junto a su pareja, pero terminó siendo víctima de una detención arbitraria típica del aparato represivo chavista.
En medio de este controvertido episodio, el exembajador kirchnerista ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi, justificó la detención al afirmar que “Venezuela aplicó su legislación”. Raimundi, quien asistió a la ilegítima jura de Maduro, brindó declaraciones a Radio Splendid, en las que señaló: “Hay una contradicción muy grande entre lo que declaró el gobierno argentino y lo que realmente sucedió. Él ingresó por una frontera muy sensible, que ha sido escenario de hechos de desestabilización”.
La justificación de Raimundi
Raimundi sostuvo que Gallo ingresó al país sin comunicar su propósito a las autoridades locales y sugirió que su intención iba más allá de una visita personal. “El motivo que adujo era personal, pero tenía una designación de la Gendarmería”, afirmó, aludiendo a una supuesta misión no declarada del cabo. También comparó este caso con el del avión venezolano-iraní de Emtrasur, retenido en Argentina en 2022 y enviado a Estados Unidos en 2024. “La Argentina aplicó su legislación en ese caso, y ahora Venezuela hace lo mismo”, agregó.
Este tipo de declaraciones, que buscan relativizar las acciones represivas del régimen chavista, subrayan la afinidad ideológica de ciertos sectores del kirchnerismo con Maduro, a pesar de las numerosas denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La complicidad histórica entre el kirchnerismo y el chavismo
Desde los tiempos de Hugo Chávez, el kirchnerismo y el chavismo han mantenido una relación simbiótica basada en acuerdos económicos opacos, que incluyeron fideicomisos comerciales y la compra de combustibles a precios exorbitantes. La corrupción ha sido una constante en esta alianza, que terminó beneficiando a las cúpulas políticas mientras millones de ciudadanos tanto en Venezuela como en Argentina padecían sus consecuencias.
Raimundi y otros exfuncionarios kirchneristas, como Alicia Castro, han defendido históricamente al régimen venezolano, ignorando sistemáticamente las evidentes violaciones a los derechos humanos y la profunda crisis humanitaria que ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a abandonar su país.
La crisis venezolana y la narrativa oficialista
En sus declaraciones, Raimundi pintó un panorama casi idílico de Venezuela bajo Maduro, afirmando que “hay un crecimiento de la economía” y que Caracas muestra una “situación de normalidad”. Sin embargo, estas palabras contradicen los informes de múltiples organismos internacionales que denuncian la persistencia de una crisis humanitaria, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y una inflación galopante.
La afirmación de Raimundi de que “el petróleo es del pueblo venezolano” ignora el saqueo sistemático de los recursos por parte de las élites chavistas, que han desmantelado la industria petrolera mientras sus ciudadanos enfrentan la pobreza extrema.
La lucha del Gobierno libertario contra la dictadura de Maduro
El caso de Gallo resalta no solo la complicidad histórica del kirchnerismo con el chavismo, sino también la falta de un posicionamiento firme por parte de ciertos sectores políticos en Argentina. Mientras el régimen de Maduro sigue violando los derechos fundamentales de sus ciudadanos y persigue a opositores, figuras como Raimundi y Castro continúan legitimándolo, incluso cuando uno de sus propios compatriotas ha sido víctima de esta represión.
La gestión de Javier Milei, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya ha pedido explicaciones y exige la liberación inmediata de Gallo. Sin embargo, el gobierno de Maduro persiste en justificar lo injustificable, amparándose en una narrativa que ignora los principios básicos de justicia y derechos humanos.
La relación entre el kirchnerismo y el chavismo sigue siendo un recordatorio de cómo las alianzas políticas y los intereses económicos pueden subordinar el bienestar y los derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, el gendarme permanece detenido arbitrariamente, convertido en un nuevo símbolo de la opresión chavista y de la falta de firmeza de algunos sectores políticos argentinos frente a las dictaduras.
