El Gobierno argentino inició una auditoría en ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, para investigar un listado encontrado en la ex-AFIP. Este archivo incluye nombres de empresarios kirchneristas como Lázaro Báez, Cristóbal López y Alejandro Vandenbroele, entre otros. El objetivo es determinar si su propósito fue proteger o perseguir a los mencionados.
La lista, que también incluye figuras políticas, periodistas y artistas, ha generado gran controversia. Desde la Casa Rosada admiten que no está claro por qué se ordenó su confección. Actualmente, se analiza si esta recopilación fue un mecanismo de protección de datos sensibles o un posible acto de persecución hacia los involucrados.
Auditoría en ARCA: medidas clave
El Ejecutivo ha puesto en marcha una auditoría en ARCA, liderada por su nuevo titular, Juan Pazo, quien ya trabaja en la revisión del sistema de protección de datos. Según fuentes oficiales, se modificarán los protocolos para evitar arbitrariedades en el manejo de información sensible. El Gobierno busca despejar dudas y decidir si corresponde elevar el caso a la justicia.
No obstante, sectores internos de la ARCA cuestionan las hipótesis del oficialismo. Argumentan que la lista era parte de un mecanismo para proteger información de interés público, no solo vinculada a empresarios kirchneristas. La polémica se intensifica con denuncias sobre el uso indebido de datos personales, que podrían haber sido ofrecidos a terceros.
Una filtración en un momento crítico
La auditoría y la filtración de la lista llegan en un momento político clave, marcado por tensiones con el PRO a meses de las elecciones de 2025. Además, el caso coincide con la polémica sobre el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, quien ascendió a su esposa en el organismo días después de asumir.
Pese a las críticas, la Casa Rosada apoya el nombramiento de Vázquez y descarta cambios en su continuidad. Paralelamente, el Ejecutivo oficializó por decreto una nueva estructura en la ARCA, destinada a reducir cargos jerárquicos y optimizar su funcionamiento.
Reestructuración en ARCA: sueldos y despidos
Entre las reformas anunciadas, destaca la eliminación de la Cuenta de Jerarquización para los cargos superiores, lo que implica una notable reducción salarial. Mientras tanto, los empleados de la DGI mantendrán su esquema actual, con sueldos que oscilan entre $2,2 millones y $4 millones mensuales.
Además, el Gobierno busca reducir la planta de empleados de 21.313 a 18.158 trabajadores, lo que dejará fuera a unos 3.155 ingresados durante la gestión anterior. Esta reestructuración incluye la eliminación de tres subdirecciones generales y ajustes en áreas como Fiscalización, Recaudación y Asuntos Jurídicos.
Expectativas y futuro del caso
El Gobierno de Javier Milei evalúa presentar el caso ante la justicia para investigar la gestión del ex titular de la AFIP, Alberto Abad, quien negó cualquier favoritismo hacia empresarios kirchneristas durante su mandato. Según Abad, el listado contenía datos protegidos por el secreto fiscal, susceptibles de ser usados por terceros con fines ajenos al organismo.
Este caso, envuelto en denuncias y tensiones políticas, representa un nuevo desafío para el oficialismo en un escenario electoral cada vez más complejo.
