El gobierno de Javier Milei endureció su postura frente al régimen del dictador Nicolás Maduro luego de que este último acusara al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre, de formar parte de un supuesto complot en contra de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Estas acusaciones, consideradas por la administración argentina como una maniobra típica de dictaduras, llevaron a que se evalúen medidas drásticas de protesta que podrían afectar ámbitos sensibles como el fútbol internacional.
Entre las represalias consideradas, el Gobierno evalúa solicitar a la Conmebol un cambio de sede para el Sudamericano Sub-20, previsto para realizarse en Venezuela a partir del 23 de enero. De no prosperar esta iniciativa, también se analiza la posibilidad de retirar a la Selección Argentina de la competencia. “No se puede jugar al fútbol en un país donde hay cientos de secuestrados”, señalaron fuentes oficiales, aludiendo a la situación de Gallo y otros opositores perseguidos por el régimen chavista.
La preocupación por la seguridad de los jugadores argentinos ha sido central en el debate. “Si secuestran a un gendarme y lo acusan de terrorismo, ¿qué pasaría si secuestran a un equipo entero?”, planteó un funcionario cercano al Ejecutivo. Sin embargo, cualquier decisión será tomada después del viernes 10 de enero, fecha en la que Maduro pretende asumir un nuevo mandato hasta 2030, pese a la falta de legitimidad de las elecciones que lo proclamaron ganador.
Tensión bilateral y presión internacional
La detención de Gallo y las denuncias de Maduro han intensificado una crisis diplomática que ya incluía el asedio a cinco opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas. Esta situación, sumada a la reciente visita a Buenos Aires de Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, ha incrementado la presión internacional contra el régimen de Maduro. Durante su estadía, González Urrutia compartió con Milei el balcón de la Casa Rosada ante una multitud que llenó la Plaza de Mayo. Lo que significó una demostración simbólica de apoyo a la oposición venezolana.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las funcionarias más activas en esta causa. Y no descarta participar en las protestas lideradas por María Corina Machado en Caracas. No obstante, cualquier acción será coordinada con el Presidente y evaluada cuidadosamente para evitar mayores tensiones.
Respuesta oficial a las acusaciones de Maduro
Las acusaciones de Maduro, quien vinculó a Gallo con un complot para desestabilizar su régimen, fueron rechazadas enérgicamente por las principales figuras del gobierno argentino. Bullrich calificó de «ridículas» las imputaciones y acusó al régimen de “inventar causas inexistentes para justificar secuestros”. Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, tildó a Maduro de «mentiroso y cobarde». Por su parte, el subsecretario Javier Lanari también se sumó al repudio con declaraciones en términos similares.
El gobierno argentino ha intensificado su estrategia internacional para garantizar la liberación de Gallo. La presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido considerada un movimiento clave, dado el temor del régimen chavista. Las imágenes difundidas recientemente de Gallo en una prisión venezolana, son vistas como un intento de Maduro de reducir la presión internacional.
Los asilados en la embajada argentina
Persiste la preocupación por los cinco opositores venezolanos que permanecen asilados en la residencia del embajador argentino en Caracas desde marzo del año pasado. Estas personas enfrentan un constante hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad chavistas, que han interrumpido el suministro de agua y electricidad. Desde la Cancillería argentina, se enfatiza la necesidad de no descuidar la situación de los asilados mientras se busca una solución para Gallo.
