El fiscal general Omar Rodríguez solicitó una condena de tres años y seis meses de prisión para Cecilia Torres Otarola, exministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, en el marco de la causa conocida como “Ñoquis calientes”. La exfuncionaria está acusada de fraude a la administración pública y exacciones ilegales al haber designado a personas en cargos públicos que no cumplían funciones, como su niñera y su jardinero personal. Además, se solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos debido a las irregularidades durante su gestión.
La exministra, que formó parte del gabinete de Mariano Arcioni, fue hallada culpable en cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres de exacciones ilegales. Según la acusación, Torres Otarola contrató personal “fantasma” que recibía sueldos sin realizar tareas correspondientes, generando un daño material al erario público y afectando la confianza en las instituciones. “Se buscó obtener un rédito propio a través de estos nombramientos, lo que constituye un claro abuso de poder”, afirmó el fiscal Rodríguez.
En paralelo, otros cuatro implicados, Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Retro Trelles, fueron encontrados culpables de defraudación a la administración pública. El fiscal propuso para ellos condenas de dos años en prisión en suspenso, la devolución de los fondos cobrados de manera indebida y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Devolución de fondos estatales
El fiscal Rodríguez solicitó que Torres Otarola devuelva $1.915.154, monto actualizado correspondiente al dinero público desviado en 2020. Además, pidió que los restantes implicados restituyan los fondos percibidos de manera irregular: Retro Trelles, $424.160; Rodera, $242.559; y Solari Rodera, $424.160. La defensa de los Rodera argumentó que estas cifras representaban una mínima fracción del presupuesto total del ministerio y solicitó que, en caso de aplicarse la devolución, no se incluyeran tasas de interés. Asimismo, plantearon que las medidas de conducta para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a que residen en esa zona.
Estrategia de la defensa
El abogado defensor de Torres Otarola, Romano Cominetti, pidió que la pena sea inferior a tres años y de carácter condicional, basándose en que su clienta no tiene antecedentes penales y alegando que fue víctima de violencia de género por parte de su exesposo. Además, subrayó que durante los cinco años de proceso judicial, la exministra siempre estuvo a disposición de la justicia. La defensa también ofreció entregar armazones de anteojos destinados a personas mayores como parte de una medida alternativa.
La investigación se originó tras la denuncia del contador Martín Sandoval, quien señaló que Torres Otarola le exigió una parte de su salario, así como a otros asesores designados, Erica Paludi y Alexis Gangas. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las pruebas presentadas fueron contundentes para acreditar las exacciones ilegales y los desvíos de fondos. El tribunal determinó que Torres Otarola usó su posición para contratar personal que no desempeñaba funciones reales, incurriendo en un esquema de corrupción sistemático.
Expectativa de sentencia
Tras la audiencia de cesura realizada este martes, los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri anunciaron que tomarán el plazo legal para emitir la sentencia, prevista para febrero, una vez finalizada la feria judicial. La resolución incluirá no solo las penas de prisión para Torres Otarola y los restantes implicados, sino también las condiciones de devolución de fondos y las medidas de conducta exigidas.
