La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni y otros 16 dirigentes del Polo Obrero por delitos relacionados con el manejo de fondos públicos del programa Potenciar Trabajo. La decisión deja a los acusados al borde de enfrentar un juicio oral por fraude al Estado, amenazas y extorsión.
Según la acusación, los dirigentes exigían a los beneficiarios del programa asistir a movilizaciones bajo amenaza de perder el subsidio. Además, se habría solicitado un porcentaje de los fondos recibidos, afectando el patrimonio de los beneficiarios. Estas maniobras implican administración fraudulenta y amenazas coactivas.
El fallo fue firmado por los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron los recursos de apelación presentados por las defensas. Carbajo argumentó que las impugnaciones no ofrecían fundamentos suficientes, limitándose a expresar disconformidad con las decisiones previas.
Las pruebas que complican a dirigentes del Polo Obrero
La investigación judicial comprobó que los fondos desviados, inicialmente destinados a satisfacer necesidades sociales, habrían sido utilizados para financiar actividades partidarias del Polo Obrero. Entre 2020 y 2022, las organizaciones involucradas manejaron 361 millones de pesos, parte de los cuales no se habría destinado a los objetivos previstos por el programa.
El juez Sebastián Casanello, quien procesó a los acusados, sostuvo que se generó un perjuicio al Estado mediante facturas apócrifas y la retención indebida de recursos estatales. Este procesamiento fue luego ampliado por la Cámara Federal porteña, que incorporó los delitos de amenazas y extorsión a las imputaciones.
Además de Belliboni, se encuentran procesados dirigentes vinculados a las organizaciones Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda. Ambas entidades habrían actuado como intermediarias entre el Estado y los beneficiarios del programa social, desviando fondos hacia fines no declarados.
El caso expone una problemática recurrente en la administración de programas sociales en Argentina, donde las organizaciones sociales han desempeñado un rol dual: por un lado, como intermediarios en la distribución de recursos, y por otro, como actores políticos que reclaman en las calles. La situación abre el camino a un juicio que podría marcar un precedente en el manejo de los planes sociales en el país.
