El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) enfrenta fuertes cuestionamientos luego de revelarse un presunto sobreprecio en la adquisición de 10 camionetas Renault Kangoo Express. Según documentos oficiales y un análisis comparativo con precios de mercado, el Estado habría pagado casi 9 millones de pesos de más por unidad, lo que representa un total de $88.396.870 en sobrecostos. Este hecho se suma a otro escándalo reciente en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde también se detectaron irregularidades en compras por valores exorbitantes.
Los detalles de la compra del ENRE
La compra de las camionetas se llevó a cabo bajo el proceso 56-0021-CDI24, a través de un procedimiento de Contratación Directa por Compulsa Abreviada. El contrato, informó NA, fue adjudicado a la empresa AILES S.A., que ofreció un precio unitario de $36.829.687,33 por vehículo, alcanzando un total de $368.296.873,30.
Sin embargo, al comparar este monto con los precios de mercado del mismo modelo, las diferencias son notables. Por ejemplo, concesionarios como Ruta 3 Automotores y Lepic Renault ofrecen la Renault Kangoo a $27.990.000 y $26.613.000, respectivamente. Esto refleja un sobreprecio promedio de $8.839.687 por unidad, equivalente a un 24% del valor total de la contratación.
El dictamen que avaló la compra fue firmado el 19 de diciembre de 2024 por Natalia Eugenia González Reich, Mónica Pascual y Fernando Ernesto Pérez, quienes concluyeron que la oferta de AILES S.A. cumplía con los requisitos técnicos y financieros. Finalmente, el interventor del ENRE, Osvaldo Ernesto Rolando, aprobó la adjudicación el 30 de diciembre de 2024.
Un nuevo caso de irregularidades en el INASE
La controversia del ENRE no es un hecho aislado. En noviembre de 2024, se conoció que el INASE, dependiente del Ministerio de Economía, había adquirido 6 cafeteras automáticas Necta Koro Espresso a un precio de $2.580.000 por unidad, más del doble de su valor en el mercado, estimado en $1.326.900.
El proceso de licitación, adjudicado a SALTSUR S.A., totalizó $15.480.000. Además, el contrato incluía una cláusula de ampliación del presupuesto del 20%, lo que podría elevar el costo final a más de $18 millones. La justificación oficial para la compra fue “mejorar el ambiente laboral y cumplir con normas de protocolo y ceremonia”, según el expediente N° EX-2024-23725031.
Los funcionarios responsables de aprobar esta compra fueron Leandro Gregorio, Diego Reinaldo Franz, Roxana Silberberg, Nair Alvarado, Wanda Ayelen Castagnaro y Joel Alexander Sardi. La autorización final estuvo a cargo de Claudio Dunan, presidente del INASE.
Una tendencia preocupante
Estos casos han puesto en el centro de la discusión pública el manejo de las contrataciones estatales en la gestión de Javier Milei. Aunque se han justificado las adquisiciones en términos de necesidad y urgencia, los sobreprecios detectados generan sospechas sobre posibles irregularidades administrativas o incluso corrupción.
Las cifras son contundentes: en ambos casos, las diferencias entre los valores pagados y los precios de mercado superan ampliamente los estándares aceptables, lo que podría derivar en investigaciones judiciales. Con elecciones legislativas en el horizonte y un contexto económico crítico, el gobierno enfrenta ahora el desafío de rendir cuentas sobre estas polémicas compras que minan la confianza en la administración pública.
