El gobierno de Javier Milei confirmó que la próxima semana iniciará el proceso de licitación para concesionar importantes corredores viales, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar el equilibrio fiscal. El plan comienza con las rutas nacionales 12 y 14, fundamentales para el comercio del Mercosur, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Actualmente, ambas rutas están bajo la gestión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato vence el 9 de abril. La empresa reclama al Estado Nacional un resarcimiento de 300 millones de dólares por presuntos incumplimientos contractuales y atrasos en las actualizaciones tarifarias. Como alternativa, CRUSA propuso extender su concesión a cambio de retirar la demanda, planteando además un aumento del peaje en Zárate del 140%.
Otras propuestas y una millonaria inversión
El Poder Ejecutivo señaló que existen otras propuestas para hacerse cargo de estas rutas, incluyendo la de un consorcio integrado por tres constructoras que planea invertir 600 millones de dólares. Según fuentes oficiales, esta inversión buscará garantizar mejoras significativas en la infraestructura vial de los corredores antes de establecer las nuevas tarifas de peaje.
El proceso de privatización no se limita a las rutas 12 y 14. También incluye la concesión de más de 8.000 kilómetros de rutas nacionales en varias provincias, como la 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba. Este plan pretende reactivar un sector golpeado por el freno a la obra pública en los últimos meses.
Los futuros operadores estarán obligados a realizar reparaciones integrales en los corredores antes de implementar las nuevas tarifas. Entre las tareas requeridas se incluyen la eliminación de baches, mejoras en las banquinas, señalización horizontal y vertical, e instalación de iluminación adecuada.
Reducción del gasto público y desafíos
El Gobierno argumenta que la privatización de las rutas es clave para reducir el gasto público y apunta a ahorrar más de 5.000 millones de dólares en los próximos 20 años.
De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, solo 1.000 kilómetros son considerados potencialmente rentables para la instalación de peajes, principalmente en accesos a ciudades como Buenos Aires, Córdoba y la Ruta 3.
Con este esquema, el Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas mientras enfrenta los desafíos que surgen en torno al mantenimiento de la infraestructura vial y el impacto económico sobre usuarios ocasionales y transportistas.
