El Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 los lineamientos establecidos para la negociación salarial en el Sector Público Nacional, mediante la publicación de la Decisión Administrativa 1/2025 en el Boletín Oficial. Esto implica que los salarios de los empleados estatales continuarán negociándose bajo las pautas fijadas en el Presupuesto 2023, el cual fue prorrogado por segundo año consecutivo.
Contexto de la medida
Originalmente, los parámetros para las negociaciones salariales en el sector público fueron establecidos en febrero de 2024, durante la gestión de Javier Milei, y estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre del mismo año. Sin embargo, el Ejecutivo decidió extender su aplicación con el objetivo de «optimizar los recursos del Estado Nacional» y garantizar pautas uniformes para las discusiones salariales durante 2025.
Desde el Gobierno señalaron que esta decisión se enmarca en una política de «reducción del gasto público sin comprometer la eficiencia del Estado», y destacaron que mantener estos lineamientos permite asegurar la equidad salarial en todas las dependencias estatales.
Lineamientos clave de la prórroga
La extensión incluye una serie de directrices que las dependencias de la administración pública nacional deberán seguir para ajustar las condiciones laborales y las retribuciones de los empleados estatales:
- Condiciones de trabajo y negociación paritaria: Cualquier modificación en las condiciones laborales o actualizaciones salariales deberá realizarse a través de los regímenes paritarios correspondientes, con la participación de todos los actores colectivos involucrados y previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
- Actualización salarial limitada por el presupuesto: Los aumentos salariales deben ajustarse estrictamente a las previsiones del Presupuesto 2023, que sigue siendo la referencia oficial para las finanzas públicas.
- Paritaria general: Las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional deben respetar los criterios establecidos en la negociación colectiva general, enmarcada en la Ley N° 24.185, para cualquier actualización de las retribuciones de su personal.
Implicancias para los empleados estatales
Esta decisión refuerza la política de contención del gasto público que el Ejecutivo ha priorizado en el último año. Si bien se garantiza un marco homogéneo para las negociaciones salariales, la prórroga de las pautas basadas en el Presupuesto 2023 podría limitar la capacidad de ajuste salarial en un contexto inflacionario, generando incertidumbre entre los trabajadores estatales.
En paralelo, sindicatos y agrupaciones de empleados públicos han comenzado a expresar su preocupación respecto a las restricciones presupuestarias y las dificultades que estas generan para negociar aumentos que acompañen el incremento del costo de vida.
El desafío de la sostenibilidad fiscal
Con esta medida, el Gobierno busca continuar un camino de disciplina fiscal en medio de una economía que enfrenta grandes desafíos. Sin embargo, la decisión también refleja las limitaciones del Ejecutivo para implementar un nuevo presupuesto, lo que lleva a la prórroga reiterada de marcos legales anteriores como estrategia para mantener el control de las cuentas públicas.
La extensión de los lineamientos salariales plantea interrogantes sobre cómo se gestionará la relación entre el ajuste fiscal y las demandas salariales del sector público en un año que podría ser clave para la estabilidad económica del país. Mientras tanto, los trabajadores estatales deberán seguir ajustándose a las pautas vigentes, con miras a un 2025 donde las discusiones salariales seguirán siendo un tema central.
