El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Salud de la Nación, eliminó oficialmente el “Programa de salud en contextos de encierro”, implementado en 2012, argumentando que la iniciativa no logró demostrar beneficios concretos en la atención sanitaria de personas privadas de su libertad. La derogación fue oficializada mediante la resolución 2/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Creado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el programa tenía como objetivo principal mejorar el acceso a servicios de salud en los establecimientos penitenciarios del país. Según lo estipulado en su diseño original, debía articular acciones conjuntas entre las autoridades nacionales y provinciales para optimizar las condiciones sanitarias de la población carcelaria.
Falta de resultados y evidencia
El Ejecutivo justificó su decisión señalando que, desde su implementación, no se registraron datos estadísticos ni indicadores sanitarios que acreditaran una mejora real en la calidad de atención. “No se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios que den cuenta que la implementación de este programa redunde en una mejora de la toma de decisiones en salud”, establece la resolución.
Asimismo, el texto resalta que no se celebraron convenios entre el programa y las provincias, lo que dificultó la implementación de medidas conjuntas y dejó sin efecto los informes de gestión previstos originalmente. En este sentido, el Ministerio concluyó que la falta de operatividad del programa y la ausencia de evidencia concreta de sus beneficios llevaron a la decisión de derogarlo.
Acceso a la salud en el sistema penitenciario
La resolución también argumenta que las jurisdicciones provinciales y los servicios penitenciarios federales ya cuentan con sistemas de salud organizados que garantizan, en teoría, la atención de las personas privadas de libertad. Según el documento, esta multiplicidad de organismos hacía redundante la existencia de un programa nacional adicional.
“A pesar de los fines loables que se persiguen, las jurisdicciones provinciales, así como las penitenciarías federales, disponen de sistemas de salud organizados dentro de sus servicios penitenciarios que garantizan el acceso a la salud de la población carcelaria”, sostiene la normativa publicada.
Un programa con buenas intenciones, pero poca ejecución
Desde su creación en 2012 mediante la resolución 1009/2012, el “Programa de salud en contextos de encierro” apuntaba a generar un impacto positivo en una población históricamente vulnerable. Sin embargo, según las autoridades actuales, la falta de convenios con las provincias y la ausencia de resultados medibles limitaron su alcance.
Esta decisión se suma a otras medidas recientes del Gobierno enfocadas en revisar programas nacionales que, según argumentan, no han cumplido con los objetivos establecidos o presentan problemas de implementación.
Con esta derogación, queda en manos de las provincias y del Servicio Penitenciario Federal continuar garantizando el acceso a la salud para las personas privadas de libertad, en el marco de los sistemas organizados ya existentes.
