La estrategia del Gobierno nacional para consolidar la estabilidad económica de 2025 incluye un enfoque estricto en las negociaciones salariales, exigiendo que las paritarias respeten el límite del 1% mensual fijado por el Ministerio de Economía. Esta medida busca alinear los acuerdos salariales con la baja inflacionaria proyectada, utilizando mecanismos de presión como la no homologación de convenios que superen este tope, lo que les quitaría obligatoriedad de pago.
El acuerdo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), liderada por Luis Barrionuevo, podría convertirse en un ejemplo clave. Firmado en noviembre, este acuerdo contemplaba un aumento del 16% dividido en tres tramos (5%, 5% y 6%) para diciembre, enero y febrero. Sin embargo, esta cifra excede el tope del 1% y ha llevado al Gobierno a presionar por su reformulación.
Barrionuevo, desde Mar del Plata, donde se recupera de un accidente cerebrovascular, habría mostrado disposición para aplazar la revisión de la paritaria de marzo a mayo, extendiendo la vigencia del aumento, pero el Gobierno exige una reducción en los porcentajes. Sin homologación, algunos empleadores podrían negarse a pagar los incrementos acordados.
Otras paritarias en conflicto
Otro caso relevante es el de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), liderada por Héctor Daer, que pactó un aumento del 11,4% para el período octubre-diciembre. Aunque este incremento fue abonado por muchas empresas, Trabajo se niega a homologarlo por exceder la pauta del 1%. Daer se resiste a cualquier modificación, pero en febrero tendrá que renegociar el acuerdo bajo las nuevas reglas del Gobierno.
En contraste, sindicatos como la Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) han aceptado ajustes más alineados con la pauta oficial, logrando un incremento del 3,3% para enero y febrero, lo que generó tranquilidad en la Casa Rosada.
La paritaria más compleja: Metalúrgicos
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abel Furlán, enfrenta la negociación más difícil. El sindicato exige un aumento del 18,71% para el período noviembre-marzo y un bono de $300.000. Aunque se han acercado posiciones con los empresarios, el Ministerio de Trabajo ha frenado el acuerdo por no ajustarse al tope del 1%.
Un cambio estructural en las negociaciones salariales
El Gobierno no solo busca limitar los incrementos salariales, sino también reformular la lógica de las paritarias en función de la productividad. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el esquema actual debería evolucionar hacia negociaciones más descentralizadas, incluyendo convenios por empresa y no por actividad. Esta medida, aunque prevista en la Ley 14.250, enfrenta resistencia del sindicalismo, ya que debilita su poder de negociación en favor de los delegados.
Desde la perspectiva oficial, adaptar las negociaciones a las posibilidades económicas de cada empresa y región es fundamental para evitar presiones salariales que puedan comprometer la viabilidad de los empleadores. «No se puede aspirar a un incremento general si en toda la actividad algunos no lo pueden pagar, ya que se pone en riesgo la subsistencia de la empresa», sostuvo un funcionario de Trabajo.
Un modelo que mira al pasado para evitar errores
La administración Milei busca evitar los errores de los años 90, cuando las demandas sindicales desmedidas llevaron al cierre de empresas y la pérdida de empleos. La pauta del 1% mensual es vista como una medida para mantener la estabilidad económica, fomentar la productividad y garantizar que las negociaciones salariales sean sostenibles.
