El Ministerio de Salud anunció la intervención del Hospital Laura Bonaparte, el único centro de salud nacional especializado en salud mental y adicciones, como parte de un plan de reestructuración. Según el comunicado oficial, la medida busca garantizar la continuidad de los servicios y mejorar la eficiencia operativa tras denuncias de «crecimiento desmedido del personal» y «mal manejo de fondos».
El anuncio llega en un contexto de despidos de 200 trabajadores, reducción presupuestaria y críticas de los gremios y trabajadores del hospital. Desde el inicio de 2025, la cartera sanitaria, liderada por Mario Lugones, ha implementado un plan de ajuste que incluye la desafectación de 1.400 trabajadores y el cierre de 15 organismos.
Sobredotación y recursos subutilizados
El Ministerio justificó la intervención señalando que el hospital contaba con 326 empleados ingresados durante la gestión de Alberto Fernández (2021-2023). «Para los servicios de guardia e internación había 109 empleados para 55 camas, de las cuales solo 19 se ocupaban en promedio por mes», detalló el comunicado. Además, mencionaron que los 38 consultorios externos atendían un promedio de solo cinco consultas diarias.
«El crecimiento desmedido del personal y el manejo ineficiente de los fondos impactaron negativamente en la capacidad de atención del hospital», afirmaron las autoridades, asegurando que la intervención busca «transparencia y eficacia» en el uso de recursos.
Reacción de los trabajadores
La medida fue recibida con rechazo por parte de los trabajadores del hospital, quienes organizaron una manifestación el pasado 15 de enero bajo el lema: «Vaciar es cerrar». En redes sociales, denunciaron la desvinculación de profesionales capacitados que habían aprobado los exámenes de idoneidad impuestos por el Gobierno.
Una trabajadora despedida expresó: «Yo puedo trabajar en otro lado, pero los pacientes no tienen otro lugar donde recibir la calidad de atención que ofrecemos aquí. Estamos hablando de una población vulnerable que necesita este espacio».
El lunes siguiente, organizaciones sociales y legisladores participaron en un «abrazo simbólico» al hospital como protesta contra los despidos y el recorte presupuestario, que asciende a $700 millones.
Posición del Ministerio y llamado a la responsabilidad gremial
El Ministerio de Salud destacó que el objetivo de la intervención es garantizar el normal funcionamiento de los servicios sin alterar las funciones esenciales de la institución. «Cuidar la salud de los argentinos requiere también un uso eficiente de nuestros recursos», señalaron en el comunicado oficial, e instaron a los gremios a no afectar la atención de los pacientes durante las manifestaciones.
El Hospital Bonaparte se ha convertido en un caso testigo del modelo de reestructuración impulsado por el gobierno. Mientras las autoridades defienden la intervención como una medida necesaria para optimizar recursos y garantizar la calidad de atención, los trabajadores denuncian un vaciamiento que podría poner en riesgo a una población altamente vulnerable.
La situación refleja las tensiones entre las políticas de ajuste presupuestario y las demandas de los sectores más sensibles del sistema de salud, dejando un debate abierto sobre la sostenibilidad y eficiencia de los servicios públicos en un contexto de restricciones fiscales.
