El ministro de Defensa, Luis Petri, dispuso la baja de 23 militares retirados del Ejército Argentino que fueron condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La decisión, formalizada a través de la resolución 72/2025, no es más que la aplicación de la ley, aunque en sectores castrenses generó sorpresa y malestar.
Entre los expulsados se encuentran los generales de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su rol en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.
Desde el ministerio remarcaron que la medida responde a la obligación del Estado argentino de separar de sus filas a aquellos condenados por violaciones a los derechos humanos, en cumplimiento con los principios del derecho internacional.
«Memoria completa», pero sin impunidad
Desde el entorno de Petri justificaron la resolución afirmando que se trata de casos con sentencia firme y que, por lo tanto, la expulsión del Ejército era un paso inevitable. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya había solicitado en octubre del año pasado que se aplicara la sanción correspondiente, dado que los oficiales no podían seguir formando parte de las Fuerzas Armadas.
“El Gobierno mantiene su decisión de avanzar con la memoria completa, pero eso no significa desconocer las decisiones de la Justicia. El ministro de Defensa no puede no acatar las sentencias”, afirmaron desde el Ejecutivo.
A pesar de esto, en círculos militares la reacción no fue favorable. Algunos interpretaron la decisión como una traición a la reivindicación de las Fuerzas Armadas que Javier Milei había planteado en campaña. Sin embargo, lo cierto es que ningún gesto de respeto a la institución puede contradecir las normas de un Estado de derecho.
El malestar en el Ejército y el peso de la historia
Las críticas dentro del Ejército se basaron en que varios de los expulsados eran jóvenes oficiales al momento de los hechos, lo que, según su visión, significaría que «cumplían órdenes» sin verdadera capacidad de decisión. Este argumento, sin embargo, carece de peso legal desde hace décadas.
En 2003, el Congreso derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, anulando cualquier posibilidad de eximir de responsabilidad a los oficiales que participaron en la represión ilegal. El mensaje fue claro: las atrocidades cometidas bajo la dictadura no tienen justificación y los responsables deben rendir cuentas, sin importar jerarquías ni contexto.
Por lo tanto, la queja de los sectores militares no resiste demasiado análisis. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y su gravedad es incompatible con el honor militar.
El Ejército entre el presente y el pasado
Si bien las Fuerzas Armadas cumplen un rol esencial en la defensa nacional, el respeto a los valores democráticos es innegociable. No se puede reivindicar el patriotismo y la disciplina mientras se cuestiona una decisión que simplemente hace cumplir la ley.
El malestar interno dentro del Ejército debería enfocarse en la crisis estructural que enfrenta la institución y no en la defensa de condenados por delitos aberrantes. Porque, al final del día, la disciplina y el honor no pueden estar reñidos con la justicia.
