La situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre bajo acusaciones de supuestos «planes terroristas», sigue generando una profunda preocupación en la Argentina. La madre de Gallo, Griselda Heredia, junto con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, enviaron una carta al Papa Francisco solicitando su intervención ante el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta el momento, el sumo pontífice ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema.
En la carta, Heredia y Jalil expusieron la situación de Gallo, quien fue arrestado de manera «arbitraria» mientras se encontraba de vacaciones en Venezuela para visitar a su familia. La misiva solicitaba al jefe de la Iglesia Católica que intercediera ante el gobierno venezolano para encontrar una solución que trajera paz a la familia.
La falta de respuesta del Papa ha sido vista como una indiferencia hacia la situación de los argentinos detenidos en el extranjero, especialmente en países con regímenes autoritarios como Venezuela. Se esperaba que el Papa, siendo argentino, mostrara un mayor interés y compromiso con la situación de Gallo, pero su silencio ha sido interpretado como una falta de empatía y solidaridad.
En el pasado, el Papa también ha sido cuestionado por no condenar de manera contundente las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. La situación de Gallo sigue siendo crítica, y su familia continúa esperando una respuesta. La falta de acción del excardenal de Buenos Aires ha llevado a muchos a cuestionar su papel como líder espiritual y su compromiso con la justicia y los derechos humanos.
Organizaciones civiles y de derechos humanos han defendido a la familia del gendarme pero el Papa Francisco sigue sin responder
En medio de este contexto, la familia de Gallo ha recibido el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Entre ellas se destacan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La CIDH ha otorgado medidas cautelares en favor de Gallo, considerando que su situación enfrenta un riesgo de daño irreparable. Además, la OEA ha condenado la detención arbitraria de Gallo y ha instado al gobierno venezolano a garantizar su seguridad y cumplir con los tratados internacionales.
