Federico Sturzenegger conduce el Ministerio de Desregulación. Entre sus atribuciones, tiene la tarea de ser quien se encarga de achicar el Estado para alcanzar el modelo de Javier Milei.
A horas de haber comenzado el año, Sturzenegger publicó la eliminación del alcance de una normativa. Publicados en el año 2009, los decretos 1040/20 y 70/23 prohibían la exportación de desechos metales y no ferrosos. La intención de esta medida, de acuerdo a lo que indica el ministro, es frenar contra el lobby ambientalista que perjudica a los pequeños productores.
La normativa
En el año 2009, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió la suspensión de «la exportación para consumo de desperdicios y desechos de metales ferrosos». Teniendo en cuenta que el país, en ese entonces, atravesaba una crisis para proveerse de metales, considerado materia prima para el desarrollo industrial, se promulgó la extensión de esta normativa durante tres meses.
Sin embargo, como señala Sturzenegger, «en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente». Por eso, la normativa se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)».
De acuerdo a lo que el ministro de desregulación explica, «esta prohibición era nociva por varios motivos». El primero de ellos explica que el precio local de comercialización se encontraba deprimido. Esto se debería a que, como no existe un mercado de exportación, no puede construirse una competencia leal. Este motivo «desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía».
Este los elementos que quedaban truncos en la aduana, ejemplifica, son los cables de cobre. Estos, como indica, «tienen un activo mercado para reciclado en el exterior», pero no podían exportarse. De acuerdo a la información que brindó Sturzenegger, era una preocupación empresarial. «En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición», señaló.
El mercado de la chatarra
En el comunicado de Sturzenegger, esta medida era positiva para pocas personas, además. «Esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían», indicó. En su explicación, los productores de la chatarra son, «típicamente, empresas más pequeñas de reciclado». Al mismo tiempo, «se perdían centenas de negocios de valorización de residuos».
La industria de chatarrería es un negocio que supone el 1% del PIB nacional. Entre los diferentes grupos económicos que se benefician de esta industria, destaca el grupo Techint. Sin embargo, esta medida no permitía la exportación, lo que tampoco promovía la producción ni el ingreso de divisas extranjeras.
Así, citando a Javier Milei, Sturzenegger replicó porqué esta medida tiene un impacto positivo en la economía nacional. «El presidente ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado», señaló.
