La CGT inicia el 2025 con tensiones crecientes frente al Gobierno nacional, marcadas por su rechazo a las restricciones impuestas en las negociaciones paritarias y la falta de homologación de los acuerdos salariales que superen el tope del 1% mensual establecido por el Ministerio de Economía. Durante su primera reunión del año, prevista para la próxima semana, la central obrera debatirá un plan de lucha en respuesta a lo que consideran una política salarial que atenta contra el poder adquisitivo de los trabajadores.
Octavio Argüello, cotitular de la CGT y referente del Sindicato de Camioneros, acusó al Gobierno de implementar «paritarias condicionadas» que limitan la capacidad de negociación de los gremios. “Congelar los salarios nunca dio buenos resultados, siempre termina en desastre. Si el Gobierno se opone a nuestras demandas, habrá conflicto, eso es seguro”, afirmó en declaraciones radiales. Según Argüello, la falta de homologación de acuerdos salariales genera un clima de incertidumbre y conflicto, ya que muchas empresas se niegan a aplicar los aumentos negociados.
Gremialistas en la cuerda floja
A pesar de su retórica combativa, los principales líderes sindicales han mostrado en los últimos meses una disposición a ceder ante las políticas oficiales. Ejemplos como el Sindicato de Camioneros, que redujo sus pretensiones de aumento del 15% al 5,5% para el trimestre diciembre-febrero, o la UOM, que ajustó su demanda del 18,71% a un 12,3% en cinco tramos, reflejan una relación tensa pero dependiente entre los gremios y el Gobierno. Sin embargo, la insistencia del Ejecutivo en mantener la pauta del 1% mensual parece haber colmado la paciencia de varios sectores.
El caso más reciente de desencuentro es el de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), liderada por Héctor Daer, que negoció un aumento del 11,4% para el último trimestre de 2024. Aunque la mayoría de las empresas del sector ya abonaron el aumento, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Julio Cordero, se ha negado a homologarlo, lo que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad legal.
Un doble discurso sindical
La postura de los gremios no está exenta de contradicciones. Mientras critican al Gobierno por su intervención en las paritarias, muchos sindicatos han sido cómplices de décadas de inflación, pérdida del poder adquisitivo y precarización laboral. Sus reclamos de «autonomía en las negociaciones» contrastan con su rol en la consolidación de estructuras burocráticas que privilegian los intereses de sus cúpulas antes que los de los trabajadores.
La insistencia en los convenios por actividad, en lugar de los convenios por empresa, evidencia el temor de los gremios a perder poder en la negociación descentralizada. Esta resistencia no busca necesariamente mejorar las condiciones de los trabajadores, sino mantener intacto el control que ejercen los sindicatos sobre las negociaciones colectivas.
Una agenda sindical en disputa
En paralelo al conflicto por las paritarias, la CGT espera ser convocada en febrero a un diálogo tripartito con el Gobierno y los empresarios del Grupo de los Seis. Sin embargo, las expectativas de una negociación productiva son bajas, dada la creciente desconfianza entre las partes y el malestar de los gremialistas por la falta de avances concretos en los últimos meses.
El desafío del Gobierno radica en encontrar un equilibrio entre su política de control inflacionario y las demandas sindicales, en un contexto donde los salarios reales siguen mostrando una lenta recuperación. No obstante, el historial de los gremios, marcado por su complicidad en políticas que priorizan sus propios intereses por encima de los trabajadores, arroja dudas sobre la sinceridad de sus intenciones.
