El Gobierno nacional formalizó la distribución de partidas del Presupuesto a través de la Decisión Administrativa 3/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El documento detalla cómo se asignarán los $170,8 billones disponibles entre ministerios, poderes del Estado, la Tesorería y el servicio de la deuda pública.
Este procedimiento, enmarcado en la Ley de Administración Financiera, ya había sido aplicado en 2024. Para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, se tomó como base el presupuesto prorrogado de 2023, actualizado por la inflación acumulada.
El total asignado representa un incremento nominal del 90,5% respecto al gasto ejecutado en 2024 y un aumento real del 40,7%, considerando una inflación proyectada del 35,44% anual. No obstante, este crecimiento responde principalmente al peso de los vencimientos de deuda pública, estimados en $60,7 billones, lo que representa un incremento real del 375,8%.
Distribución presupuestaria: ganadores y perdedores
En la reasignación de partidas, algunas áreas experimentaron aumentos significativos, mientras que otras enfrentaron recortes en términos reales. Entre los aumentos reales más destacados se encuentran el Ministerio de Salud, que verá un incremento del 196,1%, alcanzando $6,16 billones; el Ministerio de Justicia, que tendrá una suba del 156,3%, con $0,25 billones asignados; la Presidencia de la Nación, que administrará $0,33 billones, reflejando un aumento del 65,2%; y las Obligaciones a cargo del Tesoro, que crecerán un 35,1%, con $13,13 billones.
Por otro lado, las jurisdicciones más afectadas por los recortes reales incluyen a la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, que registrarán una reducción del 44%, con $3,74 billones asignados. El Poder Legislativo Nacional también enfrentará una disminución del 23,4%, con $0,55 billones; mientras que el Ministerio de Economía e Infraestructura verá una caída del 20,4%, quedando en $8,22 billones. Asimismo, el Ministerio de Defensa sufrirá un recorte del 17%, con $4,3 billones, seguido por el Ministerio de Seguridad, que bajará un 11,8%, alcanzando $5,47 billones.
Aspectos destacados del presupuesto prorrogado
La prórroga presupuestaria establece los recursos y créditos vigentes en base a la Ley 27.701 (Presupuesto 2023), prorrogada para 2025 a través de los decretos 88/23 y 1131/24. En lo referente al personal y contrataciones, se detalla que los cargos y horas de cátedra incluidos en la prórroga deberán certificar vacancia y financiamiento antes de cubrirse. Por otro lado, las jurisdicciones y entidades están obligadas a notificar cualquier modificación presupuestaria a la Secretaría de Hacienda dentro de los cinco días hábiles posteriores a la modificación, y la Oficina Nacional de Presupuesto tiene ocho días hábiles para aprobar o rechazar dichas modificaciones.
En cuanto a las contribuciones al Tesoro Nacional, las jurisdicciones y entidades deberán ingresarlas en cuatro cuotas trimestrales, salvo excepciones justificadas. Además, se exige una programación anual y trimestral de metas físicas y obras de proyectos, incluyendo información sobre la ejecución mensual para indicadores relevantes. Ninguna obra podrá contratarse sin la calificación de “formulación y evaluación satisfactoria” por parte de la Dirección Nacional de Inversión Pública. Por último, los créditos presupuestarios de ciertas partidas tendrán carácter de referencia, y todos los remanentes de recursos de 2024 deberán ingresarse a la Tesorería General antes del 30 de octubre de 2025, salvo excepciones legales.
La huella de la ‘motosierra’ en 2025
Si bien el aumento en las partidas totales puede interpretarse como un alivio, gran parte de este incremento responde a compromisos de deuda heredados, lo que limita la capacidad de maniobra del Gobierno. El recorte en áreas clave evidencia el esfuerzo por reducir el gasto público, en línea con la filosofía de ajuste impulsada por Javier Milei.
El desafío del Ejecutivo será equilibrar estas restricciones presupuestarias con las necesidades de un país que enfrenta profundas desigualdades y un sistema institucional demandante.
