Amnistía Internacional emitió un informe en el que cuestiona duramente el accionar del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, en las protestas sociales de 2024. Según el organismo, hubo un «uso excesivo» de la fuerza en al menos 15 movilizaciones, que resultaron en más de 1.100 heridos.
El informe señala que las fuerzas de seguridad aplicaron medidas desproporcionadas, como gases lacrimógenos, balas de goma y bastones, contra manifestantes que ejercían su derecho a protestar pacíficamente. Entre los eventos más violentos se destacó la represión frente al Congreso durante el debate de la Ley de Bases, donde hubo enfrentamientos, focos de incendios y 33 detenidos.
Amnistía también criticó el “protocolo antipiquetes” instaurado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las primeras semanas de la gestión de Javier Milei. Según el organismo, este protocolo parte de la premisa de que “toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden público”, lo que habilitó un accionar policial que vulnera derechos humanos básicos. Además, el informe fue remitido a organismos internacionales como la CIDH y las Naciones Unidas.
La respuesta de Patricia Bullrich a Amnistía Internacional
Por su parte, Bullrich desestimó las críticas y calificó el informe como “ideologizado”. En declaraciones a la prensa, aseguró: “Argentina logró ley y orden este año, permitiendo que los ciudadanos transiten libremente las calles con el uso mínimo de la fuerza y de manera profesional”. Además, destacó que el protocolo antipiquetes tuvo una favorable recepción entre la población.
El informe de Amnistía también subrayó que, durante las protestas de 2024, 35 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían los hechos. Estos ataques ocurrieron, en su mayoría, durante las manifestaciones en la plaza del Congreso, donde la represión alcanzó a periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cumplían con su labor.
En tanto, el Gobierno celebró como un logro la reducción de cortes y bloqueos en la vía pública, atribuyendo el resultado a la aplicación estricta del protocolo antipiquetes y a medidas como una línea de denuncias anónimas para beneficiarios de planes sociales que se sintieran obligados a marchar. Sin embargo, para Amnistía, estas estrategias son ejemplos de la «criminalización de la protesta».
El debate sobre la gestión de la seguridad pública continúa generando polémica en el país. Mientras el oficialismo defiende sus políticas como un avance en orden y convivencia, organismos internacionales como Amnistía advierten sobre las implicancias para los derechos humanos y la democracia. La tensión entre ambas posturas refleja la complejidad del manejo de las protestas sociales en contextos de alta conflictividad política y económica.
