En los últimos días, dos fallos de la Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo volvieron a exponer un sesgo evidente del fuero laboral, históricamente alineado con el kirchnerismo y los intereses sindicales. Estas decisiones, que frenaron despidos en organismos públicos y empresas privadas, parecen tener más motivaciones políticas que jurídicas, generando preocupación en el Gobierno nacional y entre los inversores.
El caso más resonante fue el de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde el tribunal laboral impidió que el Gobierno avance con el despido de 3.155 empleados. Este fallo fue impulsado por los sindicatos Aefip y Supara, y contó con la firma de jueces reconocidos por su afinidad al kirchnerismo. En paralelo, también se ordenó la reincorporación de 25 trabajadores despedidos de una empresa química en Entre Ríos, bajo el argumento de que estaban amparados en el derecho a huelga.
Fallo tras fallo, resistencia judicial
El fuero laboral parece haberse convertido en un campo de resistencia a las políticas de Javier Milei. Los jueces que dictaron estas medidas forman parte de la lista Celeste, una agrupación judicial históricamente ligada al kirchnerismo. En este contexto, no sorprende que estas decisiones parezcan destinadas a obstaculizar cualquier intento de reforma laboral o ajuste fiscal promovido por la administración libertaria.
Los fallos no solo ponen en jaque medidas específicas, sino que envían un mensaje de incertidumbre jurídica a los empleadores y futuros inversores. Esta postura judicial recuerda al revés sufrido por el Gobierno el año pasado, cuando la Cámara del Trabajo suspendió la reforma laboral propuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), bloqueando medidas clave como los límites al derecho a huelga y la reforma en el sistema de indemnizaciones.
Un modelo sindical intocable
El sesgo ideológico de la Justicia laboral no es nuevo. Durante años, este fuero ha sido utilizado como herramienta por los gremios y el kirchnerismo para consolidar un modelo sindical que privilegia sus cajas y perpetúa su poder. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para moderar las negociaciones salariales y mantener una tregua con la CGT, las señales desde los tribunales dificultan cualquier avance en la reforma del sistema laboral.
Por ejemplo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, logró acuerdos clave como la moderación de las demandas de Hugo Moyano en las paritarias, pero los fallos judiciales minan la posibilidad de implementar cambios estructurales. Las medidas cautelares que protegen delegados sindicales, incluso en casos de despido justificado, son una muestra de cómo el fuero laboral sigue blindando a los gremios y resistiéndose a cualquier intento de modernización.
Un freno al desarrollo económico
La postura de la Justicia laboral no solo afecta al Gobierno, sino que tiene un impacto directo en el clima de negocios. Para los inversores, la incertidumbre jurídica es un factor determinante, y la actitud del fuero laboral genera dudas sobre la posibilidad de avanzar en reformas necesarias para fomentar la inversión y la creación de empleo.
En lugar de actuar como un contrapeso razonable, el fuero laboral parece haber asumido un rol opositor, alineándose con los intereses políticos del kirchnerismo y los gremios. Esto no solo dificulta la implementación de las políticas de ajuste fiscal y reforma laboral del Gobierno de Milei, sino que también refuerza la percepción de que Argentina es un país donde el poder judicial responde más a intereses políticos que a los principios de justicia e imparcialidad.
