El presidente Javier Milei ha dado un paso decisivo en la búsqueda de justicia para las víctimas del atentado a la AMIA al incluir el Juicio en Ausencia dentro de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Esta herramienta procesal permitirá juzgar a los responsables del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, quienes aún permanecen protegidos por el régimen iraní. Con esta iniciativa, el Gobierno de Milei busca no solo saldar una deuda histórica, sino también alinear su política exterior con las posturas de Estados Unidos e Israel, que consideran a Irán como un eje central del terrorismo internacional.
El atentado a la AMIA, que dejó 86 muertos y más de 300 heridos, sigue impune. Hasta ahora, los once implicados identificados por la justicia argentina han utilizado su poder político y económico para evadir el proceso judicial. Con el Juicio en Ausencia, estos individuos podrían finalmente enfrentar una condena, a pesar de su ausencia física en el tribunal.
Una herramienta para la justicia
El Juicio en Ausencia no es un procedimiento inédito. Ya fue utilizado en casos históricos como el Juicio a los Excomandantes en Argentina y los tribunales de Nuremberg. Este mecanismo garantiza el principio de defensa mediante la asignación de un defensor oficial a los acusados. Según el proyecto impulsado por Milei, los imputados serán notificados formalmente y, de no comparecer, serán representados legalmente durante el juicio.
Entre los principales acusados del atentado a la AMIA figuran altos funcionarios iraníes de la época, como Alí Fallahijan, exministro de Información; Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria; y Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina. Estos nombres, confirmados por la Cámara Federal, representan un nexo directo entre el ataque y el régimen de los ayatolás. Además, a pedido del fiscal Sebastián Basso y el juez Daniel Rafecas, se sumaron otros sospechosos vinculados a Hezbollah, brazo operativo de Irán en la región.
El contexto internacional
La propuesta de Milei se enmarca en un contexto geopolítico marcado por tensiones crecientes entre Occidente e Irán. Con Donald Trump a punto de retomar la presidencia de Estados Unidos, se espera una política exterior más agresiva contra Teherán, incluyendo sanciones económicas y medidas contra sus aliados en Medio Oriente. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, es un aliado clave en esta estrategia, y ha intensificado los esfuerzos para desmantelar a organizaciones como Hamas y Hezbollah.
En Argentina, esta iniciativa también busca desmarcarse del polémico Memorándum de Entendimiento firmado entre el gobierno de Cristina Kirchner e Irán en 2013. Ese acuerdo, denunciado por el fiscal Alberto Nisman poco antes de su muerte, intentaba trasladar los juicios a Teherán. Una maniobra que fue considerada por muchos como un intento de encubrir a los responsables del atentado.
Desafíos por delante
A pesar de la determinación de Milei, la aprobación del Juicio en Ausencia enfrenta resistencias políticas. El apoyo del peronismo, especialmente del sector liderado por CFK, será crucial para que el proyecto avance en el Congreso. Sin embargo, las tensiones históricas y las acusaciones de connivencia con Irán podrían dificultar las negociaciones.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que esta herramienta legal es fundamental para avanzar hacia un país más justo y comprometido con la verdad. «No podemos permitir que quienes han atentado contra nuestra soberanía y la vida de nuestros ciudadanos sigan amparados por la impunidad», expresó una fuente cercana a la Casa Rosada.
