El fiscal especial Jack Smith aseguró en su informe final que había pruebas suficientes para condenar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y la invasión de fanáticos violentos al Capitolio en 2021. Según el documento, Trump ejecutó «una serie de esfuerzos criminales para retener el poder» tras ser derrotado por Joe Biden en noviembre de ese año.
De acuerdo a datos de la agencia NA, el informe enumera acciones de Trump que presuntamente buscaban subvertir los resultados. Estas incluyen «presión sobre funcionarios estatales», la organización de «electores fraudulentos», intentos de influir en el entonces vicepresidente Mike Pence y el fomento de los ataques al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando se intentó impedir la certificación de la victoria de Biden.
Smith aseguró que «la evidencia admisible era suficiente para obtener y sostener una condena en el juicio», aunque el caso fue desestimado debido a una política del Departamento de Justicia que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio. «La Constitución no depende de la gravedad de los delitos ni de la fortaleza de las pruebas», señaló el fiscal en su escrito, que defiende plenamente los méritos de la acusación.
La respuesta de Trump ante la denuncia del fiscal
La reacción de Trump no tardó en llegar. En su red social Truth Social, calificó a Smith como «trastornado» y acusó al fiscal de actuar bajo órdenes de su supuesto «jefe», Joe Biden. «Smith fue incapaz de procesar con éxito al opositor político de Biden, el deshonesto Joe», agregó el exmandatario.
Por su parte, los abogados de Trump habían solicitado al fiscal general Merrick Garland que no publicara el informe, alegando que hacerlo sería «ilegal, de mala fe y contrario al interés público». Pese a estas objeciones, el documento se hizo público, intensificando el debate político y judicial sobre el papel de Trump en los hechos de 2020 y 2021.
El informe también refleja cómo los seguidores de Trump intentaron usar estrategias irregulares para cambiar el curso de las elecciones, incluyendo presionar a legisladores estatales para invalidar los resultados y enviar listas falsas de electores. Estas maniobras, según Smith, no solo vulneraron la ley, sino que también minaron la confianza pública en el proceso democrático.
