La Justicia habilitó la feria judicial para analizar una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la crítica situación en el Hospital Bonaparte. Esto ocurre tras la decisión del Gobierno con despedidos a 200 trabajadores y de intervenir el establecimiento por un año.
Según el CELS, presidido por María José Guembe, esta medida vulnera las obligaciones estatales establecidas en la Ley de Salud Mental. El organismo señaló que los despidos y la intervención afectan el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud de las personas usuarias del hospital.
Ajustes en el sistema de salud
El caso del Hospital Bonaparte no es un hecho aislado, sino parte de un ajuste más amplio implementado por la administración de Javier Milei. Según el CELS, el plan incluyó la desvinculación de 1400 profesionales en diversas áreas del Ministerio de Salud, alcanzando instituciones como el Hospital Posadas, el PAMI y otros centros, como el Español y el Sommer.
El impacto de los despidos en el Bonaparte afectó servicios esenciales como guardias, internación, farmacia y atención en situaciones de urgencia. Estas decisiones forman parte de una «reestructuración» que, según denuncias, pone en riesgo la atención médica en hospitales nacionales.
Intervención del Hospital Bonaparte
El pasado jueves, el Gobierno de Javier Milei oficializó la intervención del Hospital Bonaparte mediante la Resolución 360/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida, anunciada previamente por el Ministerio de Salud, designó al doctor Mariano Bruno Pirozzo como Interventor General, limitando las funciones del actual director, Christian Francisco Baldino.
La cartera de Salud justificó la intervención argumentando una sobredotación de personal en servicios como guardias e internación. Según el Ministerio, 109 empleados asistían 55 camas de internación, con una ocupación promedio mensual de solo 19 pacientes.
Ajustes y recortes en hospitales
En el marco del Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025, el Gobierno también revisó contratos de servicios tercerizados, como limpieza y seguridad, logrando un ahorro estimado de 760 millones de pesos. Sin embargo, esta política ha generado críticas tanto en el ámbito sanitario como en sectores sociales, que advierten sobre las consecuencias para la calidad del servicio.
Preocupación por el acceso a la salud
El caso del Hospital Bonaparte refleja las tensiones entre las medidas de austeridad y el deber estatal de garantizar derechos básicos. Mientras el Gobierno defiende los ajustes como una forma de optimizar recursos, organizaciones como el CELS sostienen que estas políticas atentan contra la salud pública y el bienestar de la población más vulnerable.
Con la intervención y los despidos en el centro del debate, la resolución judicial será clave para definir el futuro de uno de los hospitales más emblemáticos en el tratamiento de la salud mental en Argentina.
