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POLÍTICA

La Justicia de Entre Ríos liberó a Sergio Urribarri, exgobernador K condenado por corrupción

Dos de los tres jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos consideraron que no hay peligro de fuga del dirigente y su cuñado.

Sergio Urribarri

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó la libertad del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, ambos condenados por corrupción. Se encontraban detenidos desde el 19 de noviembre en la Unidad Penal 1 de Paraná con una condena de 8 años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Sin embargo, estas personas se encontraban tras las rejas porque la Cámara de Casación Penal consideró que podrían fugarse hasta que el máximo tribunal tome una determinación sobre este expediente. En este marco, las defensas apelaron a una instancia superior a la espera de que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el caso y por votación dividida recuperaron la libertad, aunque el proceso contra ellos continúa.

Para decidir en el caso, el STJ habilitó la feria. En la votación, participaron los vocales Leonardo Portela; Germán Carlomagno y Miguel Ángel Giorgio. Los dos primeros entendieron que el criterio del riesgo de fuga que presentó la Fiscalía y que Casación tomó no se había acreditado de manera indubitable, por lo que votaron para que Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera recuperen su libertad.

La causa de Sergio Urribarri

El 7 de abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que juzgó distintos hechos en el lapso de 2010 a 2015. La Justicia lo encontró culpable del delito de negociación incompatible con la función pública. Esto le costó su cargo en la embajada argentina en Israel durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Consideraron como probado que el exgobernador de Entre Ríos usó de forma ilegal fondos públicos para financiar sus campañas electorales, a través de contratos de imprenta y publicidad por 28,4 millones de pesos. En 2023, el exfuncionario peronista fue condenado en segunda instancia y, como la Corte Suprema de Justicia no aceptó el pedido extraordinario, quedó efectiva.

Además, las imprentas en cuestión eran propiedad de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, condenado a seis años y medio de prisión, quien además también tenía un cargo en el Gobierno provincial. Como si esto fuese poco, era parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos, lo que agrava aún más su pena, pero no tanto como la del exgobernador beneficiado.