La provincia de Buenos Aires ha dejado claro que no implementará el autodespacho de combustibles en las estaciones de servicio, medida establecida por el gobierno de Javier Milei a través de un decreto. El rechazó al autodespacho de combustible ya es un hecho. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, reafirmó esta postura y defendió la ley provincial 13.623, que prohíbe que los consumidores manejen los surtidores de combustible en el territorio bonaerense.
El rechazo a la medida nacional se sustenta en la necesidad de proteger los empleos en las estaciones de servicio y garantizar la seguridad de los usuarios. Correa explicó en su cuenta de la red social X que la ley local “resguarda miles de puestos de trabajo” y enfatizó que el autodespacho de combustible sólo beneficiaría a los dueños de las estaciones de servicio, sin que haya una reducción real en los precios de los combustibles, que han aumentado de manera considerable en el último año.
La ley bonaerense frente a la modalidad de autodespacho
La ley 13.623, mencionada por el ministro Correa, prohíbe que los consumidores manipulen los surtidores de combustibles en las estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires. Esta norma fue sancionada en 2007 y establece que el despacho de combustible debe ser realizado por el personal de la estación. Según Correa, esta medida es esencial para proteger la salud y la seguridad de los bonaerenses, evitando que se expongan a riesgos como incendios o accidentes derivados de la falta de capacitación en el manejo de combustible.
El rechazo a la implementación del autodespacho de combustible no es una postura aislada. El ministro de Trabajo bonaerense ha mantenido varias reuniones con representantes de los empleados de estaciones de servicio, reiterando la firme decisión de cumplir con la ley local. Además, destacó que las estaciones de servicio que permitan el autodespacho podrían enfrentarse a sanciones, incluidas posibles clausuras.
El autodespacho de combustible: ¿una nueva modalidad para las estaciones de servicio?
La medida adoptada por el gobierno de Milei otorga la opción a las estaciones de servicio de implementar el autodespacho de combustible, permitiendo que los conductores carguen nafta de manera autónoma, sin la intervención de un playero. Esta modalidad, que ya se aplica en otros países, busca reducir los costos operativos y extender los horarios de funcionamiento de las estaciones.
El Decreto oficial publicado en el Boletín Oficial establece que el autodespacho será opcional y que las estaciones de servicio podrán elegir si lo implementan en todos los surtidores o solo en algunos de ellos. También se destacó que las estaciones deberán cumplir con condiciones de seguridad para evitar posibles accidentes.
Impacto en la seguridad y los puestos de trabajo
La medida de autodespacho de combustible podría generar un ahorro en costos operativos para las estaciones de servicio, lo que permitiría abrir durante 24 horas y con menores costos. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires considera que esto podría afectar la seguridad de los consumidores y poner en riesgo los puestos de trabajo de los empleados de las estaciones.
Correa también cuestionó que la medida nacional no abordara el impacto real en los precios de los combustibles, que han subido significativamente en el último año. A su juicio, el autodespacho no contribuiría a una baja de precios, sino que solo beneficiaría a los dueños de las estaciones, sin brindar soluciones concretas a los problemas del sector.
La ley bonaerense y su defensa ante el autodespacho
La provincia de Buenos Aires sigue firme en su rechazo al autodespacho de combustible, considerando que la ley 13.623 es esencial para proteger tanto a los trabajadores de las estaciones de servicio como a la seguridad de los usuarios. A pesar de la implementación de esta modalidad a nivel nacional, la PBA seguirá respetando su legislación y asegura que las estaciones de servicio mantendrán su funcionamiento habitual, con personal capacitado a cargo del despacho de combustible. La disputa sobre esta medida refleja las diferencias entre la legislación nacional y provincial, y cómo cada una aborda el delicado equilibrio entre los costos operativos y la seguridad pública.
