La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló un alarmante panorama de irregularidades en los contratos de limpieza suscritos por el Estado durante el último año del gobierno de Alberto Fernández. Según dos informes, se identificaron sobreprecios, falta de controles y una preocupante concentración de contrataciones en un reducido grupo de empresas. El gasto total en este servicio ascendió a $88.110.364.284,94 en 2023.
Los informes recopilan datos sobre 2985 contratos de limpieza que involucran a 355 empresas encargadas del mantenimiento de 15.101 edificios públicos. En el análisis de costos, la SIGEN detectó casos extremos: mientras el valor promedio por hora de servicio en la mayoría de los contratos es inferior a $10.000, algunos superaron ampliamente esta cifra. Por ejemplo, nueve convenios de la ANSES con la empresa Martín y Cía registraron valores entre $103.155,43 y $129.682,75 por hora trabajada. Otro caso destacado fue un contrato de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con Logísticas Integrales SA, que alcanzó los $75.185,75 por hora.
Llamativamente, el organismo con mayor cantidad de edificios contratados, ANSES, fue excluido de ciertos análisis debido a la falta de datos clave, como el número de personal asignado. Esto impide evaluar con precisión la razonabilidad de los costos.
Concentración en pocas manos
El informe también denuncia una alta concentración de las contrataciones en solo 10 empresas, que absorbieron el 61,78% del presupuesto total destinado al servicio. Entre ellas, destaca La Mantovana, que recibió $19.091.080.664,26, cerca de una cuarta parte del gasto total. Le siguen Serza ($9.947.895.632,93) y Linser ($5.415.667.800,53).
No obstante, el caso de mayor cantidad de contratos firmados corresponde a Domin SRL, con 140 convenios, mientras que Martín y Cía lidera en número de edificios a cargo, con 2455.
Falta de controles y opacidad
Un aspecto crítico del informe es la falta de supervisión en el cumplimiento de los contratos. Según los datos recopilados, el 20% de los organismos no controlan la asistencia ni el horario del personal de limpieza. De los que sí verifican, apenas el 2% utiliza sistemas biométricos, optando en su mayoría por métodos arcaicos como planillas o inspecciones visuales.
Además, solo el 27% de las contrataciones se adjudicaron mediante licitación pública, el método más transparente. En contraste, el 40% se concretaron a través de contratación directa o legítimo abono, lo que aumenta los riesgos de discrecionalidad y corrupción. Otros métodos utilizados incluyen concursos privados (668 contratos) y compulsas de precios (84 contratos), mientras que apenas tres casos se resolvieron mediante subastas públicas.
Denuncias y casos emblemáticos
Entre las empresas señaladas, La Mantovana enfrenta múltiples denuncias por incumplimiento de obligaciones previsionales con sus empleados. Según el informe, el 34% de las áreas contratantes admitieron no controlar si el personal estaba registrado correctamente ni si sus aportes jubilatorios estaban al día. Asimismo, un 24% indicó desconocer si los trabajadores contaban con cobertura de aseguradora de riesgos del trabajo (ART).
La SIGEN también señaló que muchos contratos carecen de criterios claros para el ajuste de precios. Solo el 28,8% (861 contratos) incluyeron metodologías definidas, como ajustes por acuerdos paritarios o índices inflacionarios. Sin embargo, más de la mitad (447 contratos) se ajustaron bajo criterios ambiguos clasificados como «otras metodologías», dificultando la transparencia y el control.
Entre los organismos que más gastaron en limpieza figuran Aerolíneas Argentinas, AySA, y el Correo Argentino, destacándose casos como el de Aerolíneas, que destinó millonarias sumas a solo 62 edificios. Esta disparidad genera cuestionamientos sobre la eficiencia en la administración de recursos públicos.
Recomendaciones y acciones futuras
La SIGEN recomendó la creación de modelos de licitación con criterios uniformes de control y requisitos claros para los oferentes, con el objetivo de fomentar la competencia y reducir las irregularidades. Además, instó a las áreas contratantes a implementar sistemas modernos de verificación y registro del personal.
