En un escenario marcado por las críticas del Gobierno nacional hacia las provincias y municipios por su creciente presión tributaria, Santa Fe encendió el debate al aumentar la alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) del 5% al 9% para las transacciones con billeteras virtuales. Este ajuste, que forma parte de una reforma tributaria provincial, generó malestar en la industria fintech, que considera que estas medidas constituyen un obstáculo para el desarrollo tecnológico y la digitalización de la economía.
El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en expresar su descontento. Desde su cuenta de X, subrayó: «Vamos a hacer siempre el MAYOR ESFUERZO POSIBLE por bajar impuestos, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica. A las provincias y municipios les digo que están cordialmente invitados a esta tarea. Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar a dudas EL PEOR IMPUESTO que una economía puede tener».
Lejos de acatar este llamado, varias provincias han optado por incrementar sus cargas tributarias. Además del caso de Santa Fe, se destacan ejemplos como La Pampa, donde la alícuota de Ingresos Brutos alcanza un desmesurado 16,4%, y Neuquén y La Rioja, que superan el 8%. Estas subas han generado preocupación en las empresas del sector financiero tecnológico, que ven en esta estrategia una amenaza para la innovación y el progreso económico.
El impacto del aumento de impuestos en el sector fintech
El incremento en las alícuotas de IIBB y otros impuestos sobre las billeteras virtuales no solo encarece las operaciones, sino que también desincentiva el uso de herramientas electrónicas que fomentan la formalización de la economía. Según el tributarista Sebastián Domínguez, este impuesto «es un costo más que se termina trasladando en el precio», afectando directamente a los consumidores finales y a los comercios que adoptan medios de pago digitales.
La Cámara Argentina Fintech, por su parte, emitió un comunicado alertando sobre las implicancias de estas políticas fiscales. «La decisión de ciertas provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos, representa un cepo para el desarrollo», señaló. Además, destacó que la carga tributaria es el principal obstáculo para la digitalización, un proceso que podría beneficiar tanto a consumidores como a pequeñas y medianas empresas.
Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, fue aún más contundente al criticar estas medidas: «Ingresos Brutos, un impuesto a la facturación y no a la ganancia, es nefasto. Crea incentivos claros a no declarar actividad y ahuyenta a emprendedores, inversores, y más. Y en vez de bajarlo, lo suben. Ridículo». Asimismo, propuso considerar alternativas como un impuesto a las ganancias provinciales, similar al modelo estadounidense, acompañado de una mayor sensatez en el gasto público.
El contraste con la política nacional
Mientras las provincias aumentan impuestos, el Gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, ha tomado medidas para aliviar la presión fiscal sobre sectores clave de la economía. La reciente decisión de bajar las retenciones al agro, anunciada por el ministro Caputo, es un claro ejemplo de austeridad fiscal y responsabilidad por parte del Ejecutivo. Esta medida, que implicará una disminución del 0,13% del PBI en la recaudación, busca aliviar a los productores y fomentar la competitividad en un contexto económico complicado.
El contraste entre estas políticas nacionales y las provinciales es evidente. Mientras la Casa Rosada apuesta por un modelo que prioriza la eficiencia y el alivio fiscal, las gobernaciones parecen ir en dirección opuesta, aplicando medidas que solo buscan recaudar más sin ofrecer mejoras sustanciales a los servicios que brindan. Caputo ya había señalado que muchas provincias «cobran impuestos absolutamente distorsivos», como Ingresos Brutos, y los municipios imponen tasas por servicios que ni siquiera prestan.
Un llamado a la responsabilidad provincial
En este escenario, el mensaje del Gobierno nacional es claro: es necesario que las provincias y municipios sigan el ejemplo de la administración central y adopten medidas responsables que no solo mejoren la recaudación, sino que también favorezcan el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos. Continuar aumentando impuestos irrisorios, como Ingresos Brutos, no solo desincentiva la formalización de la economía, sino que además perjudica a sectores innovadores como el fintech, que son clave para el futuro del país.
Mientras el Ejecutivo nacional avanza en una agenda de racionalización fiscal, las provincias deben replantear sus políticas tributarias para alinearse con una visión que priorice el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo económico sostenible. La carga impositiva desproporcionada solo perpetúa un sistema que asfixia a los contribuyentes sin ofrecerles una contraprestación adecuada.
