El Gobierno nacional, en línea con su objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una administración transparente, ha incluido a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en su plan de privatizaciones. La decisión se enmarca en la Ley Bases, que busca reestructurar empresas estatales deficitarias. Un reciente informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) respalda esta iniciativa al detallar numerosas irregularidades financieras y deudas acumuladas que han caracterizado la gestión de la minera durante años de administración kirchnerista.
La auditoría realizada por la SIGEN expone un panorama alarmante: incumplimientos en la rendición de cuentas, movimientos financieros sin justificar y una total dependencia de los aportes del Tesoro Nacional para su funcionamiento. Desde 2002, cuando la empresa fue intervenida, YCRT no ha logrado alcanzar la autosuficiencia operativa. En 2024, su déficit operativo ascendió a $62.565 millones, tras recibir transferencias del Tesoro por $53.837 millones.
El informe también destaca la ausencia de inventarios adecuados, problemas de seguridad laboral y sistemas informáticos obsoletos que comprometen la gestión de los recursos. Según la SIGEN, «la operatoria de YCRT no resulta suficiente para solventar su gestión», lo que convierte a la empresa en una carga insostenible para el Estado y los contribuyentes.
Privatización como solución: eficiencia y transparencia
La decisión del Gobierno de avanzar hacia la privatización de YCRT responde a la necesidad de corregir años de despilfarro y falta de control. Este enfoque busca garantizar que los recursos de los contribuyentes sean utilizados de manera eficiente, reduciendo el déficit fiscal y destinando fondos a áreas prioritarias como salud, educación y seguridad.
El presidente Javier Milei ha sostenido que “no es aceptable que una empresa estatal siga siendo un pozo sin fondo para el dinero de los argentinos”. La privatización permitirá atraer inversiones privadas que puedan transformar a YCRT en una empresa productiva, competitiva y generadora de empleo, dejando atrás el modelo ineficiente que prevaleció durante las administraciones kirchneristas.
Irregularidades históricas y falta de avances en proyectos clave
El informe de la SIGEN revela que las gestiones anteriores estuvieron marcadas por una total falta de planificación. Proyectos como la Central Termoeléctrica de Río Turbio, iniciada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, siguen inconclusos. Además, la auditoría señala que no existen planes operativos ni estrategias claras para reactivar la planta, que debería ser un motor de desarrollo para la región.
Asimismo, se descubrieron deudas millonarias con la AFIP, tributos impagos y la falta de un inventario detallado de bienes. Estas irregularidades reflejan un patrón de corrupción y desidia que afectó no solo a YCRT, sino a numerosas empresas estatales bajo administraciones anteriores.
Un paso necesario hacia la transparencia
La privatización de YCRT no solo busca poner fin al drenaje de recursos estatales, sino también garantizar un manejo transparente y profesional de la empresa. El informe de la SIGEN resalta la necesidad de un cambio estructural para evitar que la compañía se utilice como un botín político, una práctica común durante los gobiernos kirchneristas.
El mandatario santacruceño, Claudio Vidal, ha respaldado la medida y trabaja en la búsqueda de capitales privados para revitalizar la minera. Sin embargo, el informe advierte que cualquier intento de reactivación requiere un plan estratégico sólido, algo que ha estado ausente durante décadas.
