La Justicia vuelve a fallar en contra de la sociedad y a favor de los delincuentes. La Cámara Federal de Casación Penal, en una decisión que representa un golpe a la lucha contra el narcotráfico, declaró inconstitucionales artículos de la Ley 24.660 y del Código Penal que impedían la libertad condicional para condenados por tráfico de drogas. Este fallo, impulsado por los jueces Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, pero con la disidencia de Diego Barroetaveña, habilita la posibilidad de que criminales vinculados al narcotráfico salgan antes de cumplir su condena. La ministra Patricia Bullrich reaccionó con dureza e indignación.
La titular de la cartera de Seguridad calificó la decisión como un “grave retroceso” y aseguró que el Ejecutivo acudirá a la Corte Suprema para revertir el fallo. “Los peores criminales van a poder salir antes de terminar su condena”, advirtió Bullrich en sus redes sociales.
Nuevamente la «Justicia»
El tribunal resolvió la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660 y 14 inciso 10 del Código Penal, los cuales habían sido impulsados en su momento para evitar que los narcotraficantes y otros criminales peligrosos accedieran a beneficios penitenciarios que les permitieran salir antes de cumplir su condena.
Esta decisión fue adoptada en respuesta a un recurso presentado por la defensa de Carlos Hernán Beati, condenado a seis años de prisión por tráfico ilegal de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización en una organización criminal de tres o más personas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de San Martín había rechazado la posibilidad de otorgarle la libertad condicional, pero Casación anuló esa sentencia y le ordenó volver a evaluarla sin aplicar la prohibición establecida por la ley.
El resultado es preocupante: este fallo abre la puerta para que cientos de condenados por delitos graves puedan solicitar la libertad condicional y quedar en libertad antes de tiempo. Una medida que lejos de fortalecer la seguridad pública, debilita la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
El mensaje de Bullrich: «Vamos a la Corte para revertir este desastre»
La ministra de Seguridad fue categórica en su rechazo a esta decisión judicial. “Con Luis Petri impulsamos y logramos que el Congreso aprobara una ley clara: que obligaba a asesinos, violadores y terroristas a cumplir su condena completa, sin beneficios”, expresó en un comunicado.
Bullrich también recordó los antecedentes de liberaciones anticipadas que terminaron en nuevas tragedias: “Cada vez que la Justicia liberó antes de tiempo a violadores y asesinos, volvieron a matar, a violar, a destruir vidas. Nosotros estamos del lado de las víctimas. Vamos a seguir peleando. Llegaremos a la Corte para revertir esta medida y para que el que las hace, las pague”.
Este fallo judicial parece seguir la misma lógica permisiva que ha dominado la Justicia argentina en los últimos años, donde los derechos de los delincuentes parecen estar por encima de los derechos de la sociedad. Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa un endurecimiento de las penas para combatir el crimen, los jueces continúan abriendo brechas que benefician a quienes atentan contra la seguridad de los argentinos.
Una Justicia garantista que debilita la lucha contra el crimen
El argumento de la jueza Ledesma para justificar el fallo es que la prohibición de la libertad condicional para ciertos delitos contradice principios de igualdad ante la ley y reinserción social. El juez Gemignani se sumó a esta postura, sosteniendo que negar este beneficio penitenciario a narcotraficantes sin analizar caso por caso es una discriminación arbitraria.
Sin embargo, la realidad es otra. La ley sancionada en 2017 estableció restricciones para evitar que los criminales más peligrosos pudieran acceder a libertades anticipadas y reincidir en sus delitos. Pretender que un narcotraficante con condena firme puede «reinsertarse» antes de cumplir su sentencia completa es ignorar el daño social y económico que generan estas redes criminales.
El único magistrado que votó en contra de esta decisión, Barroetaveña, resaltó que la voluntad de endurecer las condiciones de cumplimiento de penas debe ser respetada. También mencionó que la propia Cámara de Casación había convalidado en varias oportunidades la constitucionalidad de estas restricciones, reconociendo que perseguían un objetivo legítimo de política criminal.
Un fallo que pone en riesgo la seguridad pública
El impacto de esta decisión no es menor. Al declarar inconstitucionales estos artículos de la Ley 24.660, la Justicia abre la puerta para que otros condenados por delitos graves recurran a la misma estrategia para reducir su tiempo en prisión.
Desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema para tratar de revertir este fallo. “No vamos a permitir que el esfuerzo que estamos haciendo para combatir el crimen y el narcotráfico se desmorone por fallos que van en contra de la seguridad de los argentinos”, enfatizó Bullrich.
Este es un nuevo capítulo en la larga historia de fallos judiciales que benefician a los criminales y dejan a la sociedad desprotegida. En lugar de garantizar justicia, la Cámara de Casación ha tomado una decisión que pone en riesgo a la ciudadanía. Mientras tanto, la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad deberá enfrentarse no solo a los delincuentes, sino también a un Poder Judicial que, lejos de proteger a los ciudadanos, parece decidido a favorecer a quienes atentan contra ellos.
