En los años inmediatamente posteriores a la pandemia de coronavirus, la regulación de los casinos online en Argentina se ha visto sensiblemente discutida y considerada. Entre los factores más determinantes para dar lugar a estas discusiones se cuentan la cada vez mayor popularidad de las apuestas en línea y la consecuente necesidad de contar con un marco legal que pueda garantizar la protección tanto al consumidor como a la integridad del propio negocio del entretenimiento.
Cabe mencionar, sin embargo, que su progreso fue bastante errático. En efecto, en algunas provincias las regulaciones y las leyes difieren notoriamente respecto de otras. Ello implica que los operadores se ven en la necesidad de aplicar distintas estrategias de adaptabilidad. A su vez, ello interfiere la aparición de nuevas inversiones.
La situación previa al año 2020
La República Argentina sostiene, desde su fundación, un modelo federal. En términos de legislación, ello implica que la regulación del juego está descentralizada, de modo que compete de manera exclusiva a las autoridades locales en cada una las 23 provincias del territorio nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Ley Nacional de Juegos de Azar, en vigencia desde el año 2016, determina que el juego está prohibido con la sola salvedad de que esté explícitamente autorizado por alguna autoridad competente. No obstante, el lugar de vacancia de un organismo regulador de carácter central condujo a que cada jurisdicción establezca sus propias normativas. Por supuesto, ello decantó en un panorama desequilibrado y fragmentado en el país.
Proyección para el 2025
Por un lado, se especula que más provincias formalicen de modo efectivo sus respectivas regulaciones de juego en línea. Ello podría contribuir en el aumento en la confianza de ciertos grupos inversores y, al mismo tiempo, en una mejora en la protección del consumidor.
Por otro lado, con el aumento de discusiones y acciones en torno al juego problemático, es esperable que las respectivas autoridades impongan regulaciones más estrictas lo que respecta a la publicidad y la promoción de juegos en línea. Esto podría incluir restricciones más severas sobre la manera en que los distintos operadores pueden comercializar sus servicios.
Finalmente, mientras más provincias regulen el juego en línea, se especula que la recaudación en términos fiscales del sector aumente. Un escenario semejante podría proporcionar a los gobiernos provinciales y nacionales de recursos extra para poder invertir en programas de bienestar social y prevención del juego problemático.
