Argentina enfrenta una importante carga judicial internacional, con una serie de juicios pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que acumulan un total de USD 2.513 millones. Este monto corresponde a litigios en los que el país está involucrado debido a demandas presentadas por empresas extranjeras ante este tribunal del Banco Mundial. Los casos en cuestión abarcan desde la devaluación de 2002 hasta conflictos más recientes relacionados con cambios en contratos y políticas económicas.
La mayor demanda sigue siendo la presentada en 2002 por la firma estadounidense AES Corporation, que reclama USD 1.814 millones debido a la congelación de tarifas eléctricas en Argentina tras la devaluación del peso. Este caso está vinculado a la ruptura de contratos de inversión en el sector eléctrico, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde implementó medidas para enfrentar la crisis económica. AES argumentó que el país no respetó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, violando los acuerdos de ajuste de tarifas. A pesar de las idas y venidas del juicio, con pausas y cambios de estrategia, el caso sigue sin resolución final y se espera un fallo en los próximos meses.
Abertis Infraestructuras
Además de esta demanda histórica, la empresa española Abertis Infraestructuras ha presentado una reclamación por USD 299,5 millones debido a la modificación del régimen tarifario en las concesiones de autopistas en Buenos Aires. El litigio comenzó tras la congelación de tarifas y la reconfiguración de los acuerdos que se habían firmado con el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Sin embargo, la situación cambió con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, que revirtió los acuerdos previos y promovió acciones judiciales contra los funcionarios involucrados. Abertis, en respuesta, lleva su caso ante el CIADI, argumentando que las medidas adoptadas por Argentina afectaron gravemente la rentabilidad de sus inversiones.
Demandas adicionales y consecuencias para el país
A lo largo de los años, la Argentina ha tenido que enfrentar varias demandas internacionales, que ahora totalizan miles de millones de dólares. Una de las más recientes fue presentada en diciembre de 2023 por IJM Corporation Berhard, una empresa malaya, que reclama USD 47,1 millones por el congelamiento de la renegociación de concesiones viales. Este litigio está relacionado con la misma problemática que enfrenta Abertis, ya que también involucra la renegociación de concesiones de peajes, que fue parcialmente deshecha por el gobierno de Fernández.
Otro caso importante es el iniciado en 2019 por tres aseguradoras de los Países Bajos, que reclaman USD 157 millones por la reestatización del sistema de pensiones y la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP, que afectó a la rentabilidad de sus inversiones en el sector. Este juicio se encuentra también en proceso ante el CIADI, con la decisión pendiente.
Más recientemente, en agosto de 2023, la empresa BA Desarrollos LLC, vinculada a Edmond Safra, presentó una demanda por USD 59 millones luego de que no pudiera escriturar un terreno adquirido en Buenos Aires para desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona de Retiro. La firma acusa a Argentina de violar los derechos previstos en el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
El impacto y la «pesada herencia» económica del kirchnerismo
Estas demandas son solo una parte de los juicios pendientes que enfrenta Argentina, sumando a una larga lista de conflictos internacionales que afectan la estabilidad económica del país. La cifra total que Argentina deberá afrontar asciende a más de USD 2.500 millones, sin contar los intereses y costas judiciales adicionales. Este escenario plantea una seria preocupación para la administración de Javier Milei, que deberá gestionar estos litigios como parte de su agenda económica, además de hacer frente a la alta carga de deuda externa.
El Gobierno argentino tiene la responsabilidad de negociar con estos inversores y encontrar una salida que permita mitigar el impacto financiero que estos juicios podrían generar. Sin embargo, la falta de un marco estable de confianza internacional, sumada a las políticas económicas cambiantes, ha colocado a Argentina en una situación delicada ante los tribunales internacionales.
A medida que se acumulan las demandas, los costos económicos de estos juicios se suman al peso de la deuda externa y a las tensiones internas en la política económica, que debe buscar soluciones a largo plazo para garantizar la estabilidad financiera y evitar que estos litigios sigan siendo una carga para el país.
