Lula da Silva, presidente de Brasil, decidió mantener la presencia de su embajadora en Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira, en la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro, generando polémica en el escenario internacional. Esta decisión llega en un contexto donde la mayoría de los países democráticos rechazan los resultados de las elecciones del 28 de julio, calificadas como fraudulentas por la oposición venezolana liderada por Edmundo González Urrutia.
La postura de Lula ha sido cuestionada especialmente por ignorar los recientes ataques contra la líder opositora María Corina Machado, quien fue brevemente detenida y agredida por fuerzas chavistas. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos habían pedido a Brasil que no legitimara un evento que consideran una burla a la democracia.
La decisión de Brasil se basa en la importancia estratégica de Venezuela, con quien comparte más de 2000 kilómetros de frontera en la región amazónica.
A pesar de enviar a su embajadora, Brasil no ha reconocido formalmente la victoria de Maduro. Esta ambigüedad ha generado críticas tanto dentro como fuera del país, cuestionando la coherencia de la política exterior de Lula, quien parece priorizar intereses estratégicos sobre principios democráticos.
Lula enfrenta una presión creciente de aliados políticos y la opinión pública, que ven en esta decisión un alineamiento con un régimen autoritario y represivo. La comunidad internacional esperaba un mensaje claro en defensa de la democracia, pero Brasil ha optado por un camino que legitima indirectamente el autoritarismo de Maduro.
Lula prioriza las relaciones comerciales con Venezuela
Con esta medida, Lula no solo se distancia de gran parte de la comunidad internacional, sino que también arriesga su reputación como defensor de los derechos humanos y la democracia, alineándose con un régimen ampliamente rechazado por sus prácticas antidemocráticas y represivas.
