El Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 31 de marzo los contratos de 40.000 empleados públicos bajo el régimen del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Estos contratos, vencidos el pasado 31 de diciembre, serán renovados por última vez, por lo tanto, para continuar en sus funciones, los trabajadores que dependen del Estado nacional deberán aprobar un examen de idoneidad que evaluará competencias en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló en redes sociales que, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, cerca de 36.000 empleados bajo contrato fueron desvinculados. Este grupo representa más del 25% del total de contratados al inicio de la gestión. Según los nuevos criterios, los trabajadores deberán demostrar su capacidad y cumplir con las necesidades del área para obtener contratos anuales, lo que mejoraría su estabilidad laboral.
El gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la medida, argumentando que afecta a más de 55.000 empleados si se incluyen a monotributistas y aquellos vinculados a entes como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Según ATE, el Gobierno ya inició despidos en áreas clave como el Ministerio de Justicia, la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. En el Centro Cultural Haroldo Conti, 87 empleados fueron notificados por WhatsApp de que no debían presentarse a trabajar.
Hasta ahora, solo 14.000 empleados han rendido el examen de idoneidad, con una tasa de aprobación del 95%. Sin embargo, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, consideró insuficiente la mejora en los términos contractuales: «Pasar de contratos trimestrales a anuales no termina de garantizar estabilidad laboral».
Las medidas del Gobierno nacional para contratar empleados públicos
En paralelo, el Gobierno emitió los decretos 1148/24 y 1149/24 para congelar la planta estatal y establecer nuevas normativas de ingreso. Según el primer decreto, las entidades públicas no podrán realizar nuevas designaciones ni contrataciones, salvo en casos excepcionales, que deberán ser compensados con la baja de tres empleados en el sistema.
El segundo decreto exige que, a partir de marzo, cualquier aspirante a un puesto público deberá aprobar el mismo examen de idoneidad impuesto a los actuales contratados. Esta regla también aplicará a empresas con participación estatal mayoritaria, lo que amplía el alcance de las evaluaciones.
La decisión del Gobierno busca reducir la precarización laboral y garantizar mayor idoneidad en el empleo público. Sin embargo, los gremios denuncian que estas medidas, lejos de profesionalizar el sector, están siendo utilizadas como una estrategia para reducir la planta estatal y facilitar despidos masivos.
