La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Nahuel Gallo, un cabo primero de la Gendarmería Nacional de Argentina, desaparecido desde el 8 de diciembre de 2024 tras su detención en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela. En su resolución, la CIDH solicitó al Estado venezolano adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad del detenido, y proporcionar información detallada sobre su situación legal y paradero.
La CIDH solicitó a Venezuela que, en un plazo de 15 días, informe si Gallo está bajo custodia estatal y detalle las circunstancias de su detención. También exigió garantizar su comunicación con la familia y representantes legales, así como con el gobierno argentino. Asimismo, pidió que se investiguen los hechos para evitar su repetición.
En su resolución, la CIDH enfatizó que la desaparición de Gallo constituye un caso de gravedad y urgencia. «El desconocimiento del paradero del beneficiario, sumado al tiempo transcurrido, aumenta el riesgo de afectaciones irreparables a sus derechos humanos», subrayó la Comisión. Además, destacó que las acciones de las autoridades venezolanas reflejan un patrón de represión y criminalización dirigido a opositores percibidos como amenazas al régimen.
El derrotero de Nahuel Gallo en Venezuela
Según la información presentada por el Instituto CASLA, Gallo había ingresado legalmente a Venezuela con el propósito de visitar a su esposa venezolana y a su hijo de dos años. Luego de sellar su salida de Colombia, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo trasladaron para una “entrevista”. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero.
La CIDH resaltó que las autoridades venezolanas han reconocido públicamente la detención de Gallo, pero no han brindado detalles sobre las razones de su captura, los cargos que enfrenta, su lugar de detención ni sus condiciones físicas. En un comunicado, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que Gallo estaba “sometido a investigación” por supuestas actividades desestabilizadoras, pero omitió proporcionar información clave sobre el caso.
El gobierno argentino denunció que la detención de Gallo se realizó en “abierta violación a sus derechos fundamentales”. A pesar de los reclamos diplomáticos y legales, los intentos de su familia y abogados por obtener información en las sedes de la DGCIM y la Fiscalía General en Caracas han sido infructuosos. Incluso se les ha negado la recepción de denuncias formales.
