Los movimientos sociales y organizaciones de izquierda enfrentan un repliegue forzado en plena era de la motosierra y del protocolo antipiquetes. Con menos poder de presión y sin los recursos que les permitían sostener su estructura, muchas agrupaciones han cerrado locales, depósitos y talleres que utilizaban para almacenar mercadería y administrar cooperativas. La falta de fondos y la eliminación de la intermediación en la entrega de planes sociales y alimentos ha dejado a estas organizaciones sin su principal herramienta de control sobre los sectores más vulnerables.
La crisis afecta tanto a organizaciones de extracción peronista, como la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa al Movimiento Evita y a dirigentes vinculados al kirchnerismo como Emilio Pérsico, como a espacios de izquierda como el Polo Obrero, cuyo líder, Eduardo Belliboni, enfrenta procesos judiciales por administración fraudulenta de fondos públicos, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales.
El fin de un negocio: sin alimentos, sin poder de extorsión
La principal razón detrás de la pérdida de poder de los piqueteros radica en la decisión del gobierno de Javier Milei de cortar la intermediación en la entrega de alimentos y asistencia social. Sin el flujo constante de mercadería proveniente del Estado, los depósitos que antes servían como centros logísticos para la distribución de alimentos quedaron vacíos y, en muchos casos, fueron cerrados. En paralelo, sin la capacidad de controlar los planes sociales, se desmoronó el esquema de presión que obligaba a los beneficiarios a asistir a marchas bajo amenaza de perder sus ingresos.
Si bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, continúa con la entrega de alimentos y mercadería a través de una asistencia directa, el corte de este mecanismo a nivel nacional redujo significativamente la capacidad de las organizaciones piqueteras para movilizarse. Algunos locales eran alquilados, mientras que otros eran cedidos por partidos políticos afines a las agrupaciones, a cambio de cubrir gastos de mantenimiento. Pero sin la justificación de administrar alimentos y sin el dinero proveniente de los planes sociales, mantener estos espacios se volvió insostenible.
Uno de los referentes de la UTEP reconoció el impacto de estas medidas y describió el achique como una estrategia de reagrupamiento. Desde septiembre y octubre del año pasado, comenzaron a concentrar las experiencias productivas y comunitarias en menos lugares, cerrando grandes espacios por los altos costos de mantenimiento. A partir de finales de 2024, decidieron reducir los gastos en alquileres y servicios como luz y gas, mientras que algunos emprendimientos cooperativos se reagruparon en espacios más pequeños.
Piqueteros sin poder: sin dinero, sin marchas
El gobierno nacional considera el repliegue piquetero como una de sus principales victorias, junto con la desaceleración de la inflación. Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que sin dinero y sin intermediación, las agrupaciones piqueteras han perdido su capacidad de extorsión y movilización. La estrategia de la ministra Sandra Pettovello consistió en eliminar los mecanismos de control que tenían los dirigentes piqueteros sobre los beneficiarios de los planes sociales, dejando en evidencia la dependencia estructural de estos movimientos del financiamiento estatal.
Uno de los puntos clave fue la eliminación del certificado de asistencia, que antes permitía a las agrupaciones piqueteras condicionar la entrega de planes a la participación en marchas y protestas. Hasta diciembre de 2023, los movimientos sociales eran responsables de certificar la presencia de los beneficiarios en actividades laborales de 20 horas semanales, lo que les permitía ejercer un control directo sobre sus ingresos. Al eliminar este requisito, el gobierno les quitó una herramienta fundamental para presionar a sus seguidores.
Otro golpe fue la eliminación de la intermediación en la entrega de alimentos. El Ministerio de Capital Humano reemplazó el sistema de distribución de mercadería por el uso de la tarjeta Alimentar Comunidad, que permite a los comedores comprar los productos directamente y rendir gastos para la recarga mensual. Auditorías oficiales revelaron que el 47% de los comedores registrados en el sistema no existían, lo que evidencia el nivel de fraude que existía en la administración de los recursos.
La implementación del Protocolo Antipiquetes por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también fue determinante. La regulación estableció reglas estrictas para evitar cortes de calles y garantizar el orden público. Combinada con el debilitamiento financiero de los movimientos piqueteros, esta medida redujo drásticamente la capacidad de convocatoria de las marchas.
Belliboni y el derrumbe del Polo Obrero
Uno de los casos más emblemáticos de este colapso es el de Belliboni, líder del Polo Obrero, quien pasó de movilizar miles de personas a marchar por las veredas con un megáfono. Ahora, Belliboni y otros 17 dirigentes de su agrupación fueron procesados por malversación de fondos y uso de facturas truchas para justificar gastos. En lugar de asistir a los más vulnerables, utilizaban el dinero público para financiar su estructura política y garantizar su poder de movilización.
Desde el 11 de abril de 2024, la Avenida 9 de Julio no se cortó por piquetes masivos. Lo que antes era un caos con miles de manifestantes bloqueando el centro porteño, hoy es un recuerdo de un modelo clientelista. La desaparición de los piquetes y la reducción de la estructura de los movimientos sociales es una muestra de cómo la eliminación de privilegios y la transparencia en el manejo de recursos han debilitado a estas agrupaciones, que durante años usaron el dinero del Estado para sostener su aparato político en lugar de asistir a quienes más lo necesitaban.
