El juez Julián Ercolini finalizó la ronda de indagatorias en la causa Nación Seguros y ahora cuenta con un plazo de diez días hábiles para definir la situación procesal del expresidente Alberto Fernández y el resto de los imputados. Este proceso, que investiga un presunto esquema de direccionamiento de contratos en el sector asegurador estatal, podría derivar en una resolución inédita en los tribunales federales, ya que Fernández enfrenta también una causa paralela por presunta instigación a la violencia.
El último en declarar fue Carlos Soria, exdirector de Nación Seguros, quien completó su indagatoria a través de una videoconferencia desde Barcelona. Su testimonio se había postergado debido a los feriados de fin de año y resultó clave para cerrar una lista de 39 declaraciones que comenzaron en noviembre con la citación de Fernández.
El futuro del expediente y la recusación de Ercolini
Con las indagatorias concluidas, el juez Ercolini deberá evaluar la evidencia y decidir si avanza con procesamientos. Sin embargo, un factor externo podría modificar el curso del expediente: la Cámara Federal realizará un sorteo para definir si el magistrado continúa al frente del Juzgado Federal 11. Si es reemplazado, la causa podría sufrir nuevas demoras.
En paralelo, Fernández presentó un pedido de recusación contra Ercolini, a quien acusó de parcialidad. “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”, declaró el exmandatario en su presentación ante el juez Roberto Boico, asegurando que el magistrado tiene la intención de encarcelarlo. Como parte de su estrategia, su abogada, Mariana Barbitta, presentó seis páginas de conversaciones de WhatsApp entre Fernández y Ercolini, correspondientes a 2017 y 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.
A lo largo de su defensa, Fernández optó por una estrategia técnica: presentó un extenso escrito y se negó a responder preguntas del juez y el fiscal Carlos Rívolo. Su postura generó malestar en Comodoro Py, donde se interpreta como una maniobra para dilatar el proceso.
La acusación contra Fernández
El eje central de la causa se basa en el decreto 823, firmado durante su gobierno, que otorgó el monopolio de los seguros estatales a Nación Seguros. Según la acusación, esta medida fue utilizada para direccionar contratos hacia un grupo de brokers específicos, quienes obtuvieron beneficios millonarios.
En la imputación, Ercolini sostiene que Fernández no solo implementó el sistema, sino que mantuvo un control directo sobre su ejecución, interviniendo cuando los mecanismos administrativos no lograban beneficiar a los intermediarios designados. “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”, detalla el expediente.
Uno de los principales beneficiarios de este esquema fue el broker Juan Carlos Bachellier, quien en 2022 recibió más de 700 millones de pesos en comisiones. Su contrato más lucrativo fue con Gendarmería Nacional, de donde percibió ingresos por 1.363 millones de pesos.
La conexión con Fernández se refuerza a través de los chats hallados en los teléfonos de los imputados. En ellos, Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y también acusado en la causa, detalla su participación en la gestión de pólizas con Gendarmería y se fotografía con altos funcionarios de la fuerza. En su declaración, Martínez Sosa admitió su relación con Fernández, pero intentó distanciarse señalando que el vínculo se rompió cuando el escándalo se hizo público.
La estrategia para frenar la causa
Desde el inicio de las indagatorias, varias defensas coordinaron esfuerzos para cuestionar el testimonio de Emanuel Nagel, abogado que entregó documentación clave en los allanamientos a la empresa San Ignacio Seguros. En su declaración, Nagel aportó chats y registros de transacciones sospechosas que involucran a los principales implicados.
Los abogados de varios imputados lograron que la Cámara Federal anule su testimonio, argumentando irregularidades en su obtención. Sin embargo, el tribunal determinó que la investigación cuenta con otras pruebas suficientes para sostener las imputaciones, lo que impidió que el expediente se derrumbe.
Uno de los principales acusados, Alfredo Del Corro, es señalado como nexo clave entre San Ignacio Seguros, otras aseguradoras y un entramado de cooperativas utilizadas para desviar fondos. Según la fiscalía, una de estas cooperativas, «7 de Mayo», recibió más de 376 millones de pesos de diferentes aseguradoras, de los cuales 239 millones provenían de San Ignacio.
Un escenario judicial adverso para el expresidente
El proceso avanza en un momento complicado para Alberto Fernández, quien no solo enfrenta esta causa, sino que podría recibir otro procesamiento en una investigación paralela. La resolución de Ercolini, en caso de mantenerse en la causa, será clave para definir el futuro judicial del expresidente.
Mientras tanto, Fernández continúa su estrategia de defensa política, denunciando persecución judicial y apuntando contra el gobierno de Milei. Sin embargo, las pruebas en su contra y la cantidad de imputados involucrados sugieren que el expediente seguirá su curso, con un posible procesamiento en los próximos días.
