En medio de un clima político convulsionado, el Gobierno nacional busca implementar controles más estrictos para evitar nuevos casos de estafas vinculadas al dinero digital.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) está trabajando en una regulación más rigurosa del ecosistema cripto, con el objetivo de brindar mayor transparencia y proteger a los inversores. Entre las medidas en estudio, se contempla la obligación de que las empresas del sector informen sobre sus acuerdos comerciales y los mecanismos de referenciamiento de clientes, con el fin de garantizar un mayor respaldo financiero y operativo.
Esta decisión surge en un contexto de fuerte presión de la oposición contra el presidente Javier Milei, a raíz de su promoción del token $LIBRA, una criptomoneda que habría generado pérdidas por unos 100 millones de dólares. La falta de información sobre su respaldo y su ausencia en las principales billeteras digitales del país encendieron las alarmas de los organismos reguladores.
La Cámara Argentina de Fintech ha manifestado su apoyo a la iniciativa regulatoria, destacando que una mayor supervisión contribuirá a la consolidación y expansión de la industria en Argentina. Sin embargo, el sector sigue con preocupación el impacto que el escándalo del criptogate podría tener en la confianza de los inversores y en el desarrollo del mercado cripto local.
Entre los nuevos requisitos que impondrá la regulación, se destaca la exigencia de un patrimonio neto mínimo para aquellas empresas que deseen registrarse ante la CNV, lo que busca limitar la proliferación de actores sin solidez financiera en el mercado.
Con estas medidas, el Gobierno intenta contener los efectos de un escándalo que ha puesto en jaque la credibilidad del sector y generado incertidumbre sobre el futuro de las criptomonedas en el país.
