Tras la suspensión de las PASO, el oficialismo en la Cámara de Diputados busca avanzar con la aprobación de la Ley de Ficha Limpia, un proyecto que impediría que condenados en segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos. Para lograrlo, deberá reunir una mayoría especial de 129 votos, un desafío que no será sencillo dada la resistencia del kirchnerismo y parte del peronismo.
La sesión para tratar la iniciativa fue convocada para el próximo miércoles a las 10, con el objetivo de obtener la media sanción. A diferencia del debate por la suspensión de las primarias, donde algunos sectores del peronismo mostraron cierta apertura, en este caso se descarta su apoyo, ya que argumentan que el proyecto tiene como fin «proscribir» a Cristina Kirchner, condenada en segunda instancia en la causa Vialidad.
Un proyecto con apoyo opositor y cambios clave
El pedido de sesión fue impulsado por diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR liderada por Rodrigo De Loredo y La Coalición Cívica de Juan Manuel López. También se sumó el cordobés Oscar Agost Carreño, del bloque federal. Aunque los radicales y la Coalición Cívica firmaron el dictamen del oficialismo con disidencias, mantienen su respaldo general a la iniciativa.
El proyecto original fue elaborado por el actual ministro de Defensa, Luis Petri, cuando era diputado radical, y respaldado por la legisladora del PRO Silvia Lospennato. La propuesta establece que las personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan postularse a cargos públicos.
Entre los delitos contemplados en la norma figuran cohecho y tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.
Uno de los cambios clave introducidos al proyecto original es la incorporación de un plazo límite: el impedimento para ser candidato aplicará si la condena en segunda instancia ocurre antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios.
Además, se amplió su alcance: la restricción no solo afectará a quienes quieran postularse a cargos electivos, sino también a funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto incluye la prohibición de designar como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes descentralizados, personal diplomático y miembros de cuerpos colegiados.
El desafío de alcanzar los votos necesarios
El oficialismo necesita 129 votos afirmativos para la aprobación de la iniciativa, al tratarse de un tema electoral. Si bien cuenta con el respaldo de sus propios legisladores y de sectores opositores, el número no está garantizado y aún deben negociarse apoyos clave.
Desde La Libertad Avanza confían en que la presión social y el rechazo generalizado a la corrupción ayudarán a inclinar la balanza a su favor. “Todo el mundo tiene que dejar de poner excusas y aprobar esto”, declaró López, de la Coalición Cívica.
Por su parte, los sectores más duros del kirchnerismo rechazan abiertamente el proyecto. Para ellos, Ficha Limpia es un intento de proscripción de Kirchner y otros dirigentes condenados. Argumentan que el fallo de segunda instancia no implica una sentencia firme, ya que aún cabe la posibilidad de revisión en instancias superiores.
Un proyecto con antecedentes y apoyo ciudadano
El concepto de Ficha Limpia no es nuevo en la región. En países como Brasil, Colombia y México existen leyes similares que impiden a personas condenadas por corrupción presentarse a elecciones. En Argentina, la iniciativa ha sido impulsada por distintas agrupaciones civiles que exigen una mayor transparencia en la política.
Según encuestas recientes, más del 70% de la población apoya la implementación de una ley que prohíba a condenados por corrupción ocupar cargos públicos. Lo que refuerza la presión sobre los legisladores para que aprueben la norma.
Mientras el oficialismo se prepara para la sesión del miércoles, el debate sobre Ficha Limpia se instala nuevamente en la agenda pública. El resultado dependerá de si el Gobierno logra alinear los votos necesarios para avanzar en una de las reformas más esperadas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
