Ante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y tras el crimen de Kim González, la Cámara de Diputados podría reactivar los distintos proyectos que buscan modificar el Régimen Penal Juvenil. Kim Gómez, de 7 años, murió durante un violento robo en La Plata a manos de dos adolescentes de 14 y 17 años.
Tras conocerse el caso, el arco político manifestó nuevamente su descontento con la inseguridad, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, y recordó los proyectos presentados para, entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad e imponer distintas sanciones para los menores que cometan crímenes. Una de las primeras figuras políticas en manifestarse fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil, su tratamiento debe ser urgente. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menos delincuentes, mucho menos de los reincidentes», enfatizó la ministra.
El proyecto de modificación fue presentado en junio de 2024 e incluía la baja de la edad de imputabilidad a loas 13 años. En julio, el proyecto entró en la Comisión de Legislación Penal, donde ya se realizaron siete reuniones y consultaron con 26 especialistas. La presidente de la comisión, Laura Rodríguez Machado, anunciará el cronograma de trabajo tras la apertura de sesiones el sábado.
La modificación del Régimen Penal Juvenil planteó más puntos además de la edad de la imputabilidad; por ejemplo, sanciones como amonestaciones, prohibiciones de salir del país o lugar de residencia, prohibición de conducción vehicular, prohibición de acercamiento o contacto, monitoreo electrónico o prestación de servicios comunitarios. Estas nuevas sanciones estarían reservadas para los menores con penas que no superen los seis años, sin registros previos de procesamientos firmes, que el crimen no haya resultado en la muerte de la víctima, y con la firma previa de una junta interdisciplinaria.
Asimismo, propusieron distintos programas de resocialización para los menores (educativos, deportivos y de educación ciudadana), la ordenanza de tratamientos médicos en caso de afecciones psicológicas o físicas; la creación de la figura de «supervisor«, que debe acompañar al menor desde el inicio de su tratamiento y elaborar un plan de educación y resocialización personalizado.
Sobre la baja de la edad de imputabilidad, los legisladores de varios bloques plantearon diversas variantes. Una de las detractoras es la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho, que sostuvo que su bloque deseaba mantener la edad de imputabilidad en 16 años. Del otro lado, la mayoría de bloques coinciden en fijarla en 14 años.
El diputado de Encuentro Federal Ricardo López Murphy postuló la creación de un «sistema de responsabilidad penal juvenil que permita ser responsable a los adolescentes desde los 14 años»; en la misma línea estuvieron Marcela Campagnoli, de Coalición Cívica, y Roxana Reyes, de la UCR, que también propuso los 14 años como edad de imputabilidad.
Desde el PRO postularon la posibilidad de fijar la edad de imputabilidad en 15 años. Manuel Aguirre, de Democracia para Siempre, propuso «evaluar la capacidad de comprensión de los menores antes de aplicar las normas», pero consideró que la responsabilidad penal debe estar entre los 14 y 18 años. El proyecto más extremo vino de La Libertad Avanza, con los diputados Carolina Píparo y Álvaro Martínez, este último proponiendo establecer la edad de imputabilidad en 12 años.
