A través de nuevas auditorias por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Gobierno Nacional descubrió una serie de irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades mapuches durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, así como el de Alberto Fernández. Según el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y ex funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj, el programa por el cual se concedieron estos subsidios fue un «obscenidad».
A través de la Resolución 8/2025 del Boletín Oficial, Avruj dio de baja una resolución de 2004 por la cual se entregaron 1.200 millones de pesos a comunidades mapuches a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario. El titular del INAI aseguró que estos fondos fueron utilizados por estos grupos para «litigar contra el Estado». «Este esquema se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras», precisó.
Según pudo constatar investigación del SIGEN, durante la gestión del INAI en los gobiernos kirchneristas, el organismo desvió fondos para servicios no previstos, como asesores ambientales en lugar de contar con servicios jurídicos, como estaba estipulado; no recibió las rendiciones de cuentas pendientes correspondientes por parte de las comunidades mapuches, llegando a otorgar nuevos subsidios a grupos que ya habían percibido uno; no elaboró informes de avance de los diversos proyectos en los que estuvo involucrado; y no tuvo severas faltas de registros y documentación referente a las comunidades con las que colaboraban y los juicios en los que estuvieron involucrados.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo tenía 31 expedientes judiciales principales y 11 expedientes incidentes vinculados; de estos, 16 expedientes tenían movimiento constante, mas esta documentación no estaba respaldada en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), requisito necesario para la administración estatal desde el 2000.
Uno de los casos de irregularidades que el informe de SIGEN citó fue el cumplimiento de la sentencia en el caso de los miembros de la comunidad indígena, Asociación Ihaka Honhat (nuestra tierra) contra el Departamento Rivadavia, en Salta. El convenio firmado fue por $29.210.000, sin embargo, estos fondos «se ejecutaron por fuera del Programa de Fortalecimiento comunitario». «No existen registros de contacto, reunión presencial o virtual, y/o articulación entre el Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud», señalaron.
Otros casos citados fueron el de al menos tres comunidades que usurparon tierras en la Patagonia mientras recibían fondos del INAI. Una de estas comunidades fue Lof Che Buenuleo, de Río Negro, que recibió $1.770.000 y lo destinaron para asistencia jurídica. El grupo ocupó tierras privadas en Bariloche en 2019 y en 2020, la provincia emitió una orden de desalojo, pero la situación terminó con denuncias de violencia durante los múltiples intentos de recuperar el territorio. Otro caso fue el de la comunidad Lof Kinxikew, de Neuquén, que ocuparon territorios en San Martín de los Andes y recibieron $1.950.000 en 2023 para asistencia legal. La última comunidad fue Newen Mapu, también de Río Negro, que en el último año de administración de Alberto Fernández recibió $4.480.000.
