El Gobierno nacional estudia eliminar el Documento Nacional de Identidad (DNI) no binario a través de un decreto. La medida forma parte de una serie de modificaciones que el Ejecutivo planea implementar en relación a la agenda de género. Además, trabaja en cambios a la figura del femicidio en el Código Penal con el objetivo de «equiparar las penas en ambos sexos».
Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a TN que se está analizando el momento y la forma en que se oficializarán estas modificaciones. «Lo tiene que definir el Presidente», indicaron desde el Ejecutivo. En paralelo, también se avanza con la presentación de un proyecto legislativo que incluirá la derogación de varias normativas vigentes vinculadas a la perspectiva de género y diversidad.
Entre las reformas que se encuentran en estudio, el oficialismo evalúa derogar la Ley 27.636, que establece un cupo del 1% en la administración pública para personas travestis, transexuales y transgénero. Asimismo, buscarán modificar la Ley Micaela (27.499), que obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado a capacitarse en perspectiva de género y violencia contra las mujeres.
Cambios en la figura del femicidio
Otro de los cambios en agenda es la revisión de la figura del femicidio en el Código Penal. Según fuentes del Gobierno, se plantea la eliminación de la diferenciación entre víctimas hombres y mujeres. «El problema de la ley actual es que tenés que comprobar que el homicidio fue realizado por odio a las mujeres, lo que entendemos que es muy poco probable», afirmaron en Balcarce 50. Con esta modificación, se busca que las penas sean equivalentes independientemente del género de la víctima.
A su vez, se analiza restringir la participación de personas trans en el deporte femenino, una medida similar a la impulsada recientemente en Estados Unidos. Según trascendidos, un sector del oficialismo ya está investigando las implicancias legales de esta iniciativa.
En la misma línea, el Gobierno avanzó en la modificación de la Ley de Identidad de Género (26.743). Como primera medida, se prohibieron los tratamientos hormonales en menores de edad y se prepara un decreto para eliminar el financiamiento estatal de los cambios de género en adultos. Esta decisión ha generado reacciones tanto a favor como en contra por parte de distintos sectores de la sociedad, lo que podría traducirse en futuras disputas judiciales.
Bajo este marco, el Ejecutivo se encamina a una reconfiguración de las políticas de género vigentes en Argentina. En los próximos días, se esperan nuevas definiciones que podrían impactar en distintos sectores de la sociedad. Las modificaciones, según fuentes oficiales, se irán oficializando progresivamente mediante decretos y resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. A medida que avanza el debate, distintos actores políticos y organizaciones de derechos humanos han manifestado posturas encontradas sobre estas reformas, anticipando un escenario de intensas discusiones en el Congreso y en la opinión pública.
En paralelo, sectores opositores ya han advertido que podrían impulsar presentaciones judiciales para frenar la aplicación de algunas de estas medidas. Según expertos en derecho constitucional, la derogación de ciertas leyes podría enfrentar obstáculos legales debido a la protección de derechos adquiridos. No obstante, el Gobierno mantiene su postura firme y planea seguir avanzando en su propuesta de «igualdad ante la ley».
En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente el delito de abuso infantil.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) February 4, 2025
Los tratamientos de cambio de género en menores de edad están MAL. pic.twitter.com/jRHIfCdeaI
