El Gobierno representado por Los ministros de Justicia y Seguridad Nacional, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, anunciaron el envío de un proyecto de ley para modificar el Código Penal e incrementar las penas por incendios de manera intencional. La iniciativa es impulsada por el presidente Javier Milei y se incluirá en las Sesiones Extraordinarias del Congreso.
El proyecto busca elevar las condenas mínimas de 3 a 4 años de prisión y las máximas de 20 a 25 años, en los casos más graves. Además, establece que el delito será excarcelable y contempla agravantes cuando el fuego afecte bosques, plantaciones o ecosistemas, o cuando su objetivo sea intimidar al Gobierno.
Actualmente, las penas varían entre 3 y 10 años, salvo cuando los incendios ponen en riesgo vidas humanas o causan muertes, lo que puede elevar la condena hasta 20 años. Con la reforma, el castigo sería más severo para quienes generen daños ambientales o atenten contra la seguridad pública.
Refuerzo de recursos en la Patagonia
En paralelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el envío de recursos para combatir los incendios forestales en la Patagonia. La medida responde a un pedido del Gobierno nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
A través de su cuenta en la red social X, Kicillof confirmó que Buenos Aires reforzó la ayuda con 110 efectivos, 17 vehículos y equipamiento especializado para colaborar en la localidad de Aluminé, en la provincia de Neuquén. Asimismo, envió 26 nuevos brigadistas y cinco móviles a Río Negro, sumándose a los recursos desplegados previamente en El Bolsón.
El gobernador destacó que personal de la Dirección Provincial de Defensa Civil, bomberos de la Policía y voluntarios trabajan en coordinación con los gobiernos locales para asistir a los damnificados. Además, aseguró que la provincia mantendrá su compromiso de cooperar en situaciones críticas sin especulaciones políticas.
El avance del proyecto de ley de penas por incendios y la respuesta inmediata ante los incendios refuerzan el debate sobre la protección del ambiente y la necesidad de endurecer sanciones para prevenir desastres. Mientras el Congreso analiza la reforma, los esfuerzos por contener el fuego continúan en las zonas más afectadas del país.
